Bogotá, 13 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó trasladar a una cárcel en Bogotá a los cabecillas de bandas criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí que participaron en una fiesta con licor, comida y música en vivo dentro del penal. La decisión se conoció el 13 de abril de 2026, durante un consejo de ministros, tras la difusión de videos que evidenciaron una parranda vallenata realizada el 8 de abril.

El mandatario confirmó que los internos serán removidos de Itagüí sin precisar el número ni el establecimiento de destino. “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó. Petro vinculó la medida con la necesidad de restablecer la autoridad en el sistema penitenciario y preservar la credibilidad de los diálogos con estructuras criminales.

La fiesta se realizó en el pabellón donde permanecen cabecillas del Valle de Aburrá que actúan como voceros en la mesa de paz urbana. En los videos se observa una presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, acompañado de su agrupación, así como mesas con comida, botellas de licor y equipos de sonido. Denuncias de concejales señalan que el evento habría costado cerca de 500 millones de pesos, financiados por los propios internos.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó que la actividad no contaba con autorización y abrió investigaciones disciplinarias contra funcionarios del penal. Inicialmente se indagó a siete servidores que estaban de turno y se ordenó la remoción del director encargado y del comandante de vigilancia. Posteriormente, la entidad anunció el retiro de once funcionarios adicionales por fallas en los controles.

En operativos de requisa realizados desde el 10 de abril, el Inpec reportó la incautación de 62 neveras, siete televisores, una consola PlayStation 5, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas y equipos de comunicación, elementos prohibidos en centros de reclusión.

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El episodio coincidió con la inminente salida de prisión de Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, condenado por homicidio y otros delitos, quien participa como vocero en la mesa de paz urbana. Según versiones divulgadas por concejales, la fiesta habría sido una despedida previa a su posible libertad por redención de pena.

Tras el escándalo, el Gobierno suspendió de forma temporal la interlocución con los voceros de estructuras criminales mientras se esclarecen responsabilidades. El Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz insistieron en que estos hechos no hacen parte de las garantías del proceso y constituyen un uso indebido de la figura de gestores.

El caso reactivó cuestionamientos de sectores políticos sobre los beneficios otorgados a cabecillas en el marco de la política de “paz total”. Desde Medellín, autoridades locales han advertido sobre ingresos irregulares de licor, tecnología y visitantes en la cárcel de Itagüí, lo que, según sus denuncias, evidencia fallas estructurales de control dentro del sistema penitenciario.