Bogotá, 13 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo choque con los mandatarios locales al advertir que los alcaldes que no impulsen medidas para aliviar el impuesto predial podrían salir de sus cargos e incluso enfrentar procesos judiciales. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata de los principales gremios territoriales, que rechazaron el alcance de esas afirmaciones y defendieron la autonomía de las autoridades elegidas por voto popular.
El pronunciamiento del mandatario se dio en medio de las protestas por el incremento del avalúo catastral y del predial en regiones como Santander, Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca. A través de mensajes públicos, responsabilizó a alcaldes y concejos de no presentar acuerdos para reducir la carga tributaria a sectores vulnerables, pese a que la actualización catastral hace parte de una política impulsada desde el Gobierno nacional.
En uno de sus mensajes, Petro afirmó que los alcaldes que no actúen “alteran el orden público” y advirtió que “salen de inmediato de su cargo por orden mía”. También señaló directamente a autoridades regionales, como el gobernador de Santander, a quienes dijo dejar advertidos frente a la situación.
El tono del mandatario escaló aún más cuando planteó la posibilidad de acciones judiciales contra alcaldes. “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, dijo, aunque aclaró que dichas decisiones corresponderían a los órganos de control y a la justicia. Sus palabras fueron interpretadas por los gremios como una presión indebida en medio de la crisis.
Rechazo inmediato de las regiones
La respuesta institucional no se hizo esperar. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales rechazó de forma categórica las declaraciones del presidente y advirtió que este tipo de pronunciamientos desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales. En su comunicado, la organización expresó que las afirmaciones generan un escenario de presión indebida en medio de una coyuntura social compleja.
“Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto”, señaló la asociación. Además, recordó que los alcaldes ejercen sus funciones sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional y que cualquier actuación en su contra debe ajustarse a los procedimientos legales establecidos.
En la misma línea, la Federación Nacional de Departamentos expresó su respaldo a los alcaldes y cuestionó el alcance de las declaraciones del presidente. El gremio advirtió que sugerir la salida inmediata de mandatarios locales desconoce el marco legal vigente y puede generar confusión sobre las competencias institucionales.
“Cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico”, señaló la federación en su pronunciamiento. Además, reiteró que la Constitución garantiza la autonomía territorial y establece procedimientos específicos, a través de autoridades competentes, para cualquier sanción contra funcionarios elegidos por voto popular.
Las protestas que detonaron la controversia incluyen bloqueos de vías y movilizaciones de campesinos y transportadores que denuncian aumentos significativos en sus recibos. El Gobierno ha defendido la medida como un ajuste necesario para corregir rezagos en el valor de los predios, mientras insiste en que los concejos municipales tienen herramientas para mitigar el impacto en la población más vulnerable.
El episodio eleva la tensión entre el Ejecutivo y las autoridades territoriales en un momento de alta presión social. También reabre el debate sobre los límites del poder presidencial frente a mandatarios locales, cuya permanencia en el cargo está protegida por procedimientos legales y decisiones judiciales, no por órdenes directas del Gobierno nacional.
