Itagüí, 9 de marzo de 2026 – Cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí organizaron y financiaron una parranda vallenata dentro del pabellón de alta seguridad, con artistas en vivo, licor y comida de lujo. Según denuncias y versiones recogidas por medios, los internos habrían reunido cerca de 500 millones de pesos para costear el evento, en el que participó el cantante Nelson Velásquez sin autorización oficial.
La celebración se habría realizado en el patio 1, donde están recluidos varios jefes de bandas del Valle de Aburrá que actúan como voceros en procesos de paz urbana. Entre los asistentes figurarían alias Carlos, Pesebre, Chaparro, Tom, Douglas y Vallejo, quienes habrían coordinado la logística y la recolección de dinero mediante una “vaca” interna.
De acuerdo con los reportes, el evento incluyó la presentación de artistas vallenatos y de música popular como Luis Alfonso Posada, además de consumo de licor de alto costo, servicio de catering, montaje de tarima y sonido, e incluso el posible ingreso de trabajadoras sexuales. La celebración habría sido restringida a un grupo cercano de internos, con reglas internas que limitaban la toma de fotografías y videos.
El caso tomó fuerza tras la denuncia de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien cuestionó la capacidad de control del Estado dentro del penal. La funcionaria señaló que los mismos cabecillas que participan en mesas de paz urbana serían quienes organizaron la fiesta, lo que abre interrogantes sobre los beneficios que reciben y su margen de maniobra en reclusión.
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Algunos de estos internos han sido cobijados por medidas como la suspensión de órdenes de captura en el marco de la política de paz total, lo que les ha permitido actuar como interlocutores ante el Gobierno. También estuvieron vinculados a episodios como el acto público en La Alpujarra, donde varios de ellos salieron del penal para participar en un evento con el presidente Gustavo Petro.
Tras el escándalo, el INPEC ordenó la salida del director encargado del penal, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de investigación disciplinaria contra siete funcionarios. El Ministerio de Justicia anunció medidas inmediatas para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo fallas graves en los controles.
La magnitud de la fiesta refuerza cuestionamientos sobre el control efectivo en cárceles de alta seguridad. La capacidad de los cabecillas para recaudar grandes sumas de dinero, contratar artistas y organizar eventos dentro del penal sugiere que mantienen redes de poder y acceso a recursos pese a estar privados de la libertad.
El avance de las investigaciones será clave para establecer si hubo complicidad de funcionarios y si este caso deriva en sanciones o en una revisión de los beneficios otorgados a los voceros de paz urbana.
