Bogotá, 14 de abril de 2026 – La Contraloría General de la República lanzó una advertencia formal al Ministerio de Hacienda por posibles riesgos al patrimonio del Estado derivados de la estrategia reciente de manejo de la deuda pública. El contralor Carlos Hernán Rodríguez alertó sobre “eventos y riesgos inminentes de afectación negativa” tras un seguimiento a las decisiones adoptadas por la cartera económica.
La advertencia, comunicada mediante carta oficial y presentada en rueda de prensa, se centra en el aumento de la emisión de deuda, especialmente de corto plazo, y en operaciones de canje o refinanciamiento. Según el organismo de control, estas decisiones podrían comprometer las finanzas públicas, en particular por la concentración de vencimientos en 2026 y 2029, años en los que el país enfrentará picos significativos de pago.
El contralor señaló que la estructura actual de la deuda eleva el riesgo de refinanciamiento si las condiciones del mercado se deterioran. Un calendario de pagos concentrado podría obligar al Estado a emitir nueva deuda en condiciones menos favorables, incrementar el costo financiero o incluso ajustar el gasto público.
Aunque la advertencia no detalla cifras específicas de obligaciones futuras, el énfasis está en la forma como se han distribuido los plazos y en la creciente dependencia de instrumentos de corto plazo, lo que aumenta la exposición a variaciones en tasas de interés.
La estrategia actual de endeudamiento ha sido implementada bajo la dirección del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, responsables políticos y técnicos del diseño de emisiones y de las operaciones de refinanciamiento.
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Uno de los puntos más sensibles de la advertencia es el impacto de los canjes de deuda. Estas operaciones, que implican recomprar títulos vigentes y emitir otros nuevos con condiciones distintas, han sido cuestionadas por su posible efecto sobre los recursos públicos.
Investigaciones previas estimaron que estos movimientos habrían significado hasta 80 billones de pesos en ingresos que el Estado dejó de percibir, en operaciones que favorecieron a bancos privados. El cuestionamiento radica en si las condiciones negociadas representaron el mejor resultado posible para el Tesoro o si implicaron una transferencia de valor al sector financiero.
La Contraloría no anunció un hallazgo fiscal ni un proceso de responsabilidad, sino una advertencia preventiva. Esta herramienta busca que la entidad responsable, en este caso el Ministerio de Hacienda, revise sus decisiones, ajuste la estrategia o entregue justificaciones técnicas y jurídicas que respalden su actuación.
