EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro y el comandante Ejército, general Royer Gómez, niegan que exista una alerta formal sobre un atentado con drones contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en Hidroituango. Los mandatarios locales cancelaron una visita al proyecto hidroeléctrico tras recibir información de seguridad sobre un posible ataque del frente 36 de las disidencias de las Farc. Mientras Gutiérrez y Rendón sostienen que la advertencia provino de esquemas oficiales y del Ejército, la cúpula militar afirma que no emitió ninguna alerta específica. El choque instala dudas sobre la coordinación institucional y la situación de seguridad en una infraestructura clave para el sistema eléctrico nacional.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 2 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta en X que “no hay ninguna evidencia” de un plan para atentar contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el proyecto Hidroituango. Minutos antes, el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, había afirmado en rueda de prensa que la institución no emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un atentado específico contra los funcionarios o contra la infraestructura.

La declaración oficial contradice la versión de Gutiérrez y Rendón, quienes cancelaron una visita y una rueda de prensa programadas en la hidroeléctrica tras recibir información sobre un posible ataque con drones atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc. Según explicaron, sus equipos de seguridad recomendaron no desplazarse por riesgo para ellos, periodistas y trabajadores del proyecto.

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El alcalde de Medellín, ex candidato presidencial y uno de los principales líderes de la oposición regional al gobierno nacional, ha sostenido en entrevistas que la advertencia provino de integrantes de la Fuerza Pública y de los esquemas oficiales de protección. Tras la desmentida del Ejército, respondió que si la información recibida por sus equipos no es reconocida por el mando central, la protección de las autoridades territoriales queda en entredicho.

La controversia ocurre en un escenario sensible. Hidroituango, desarrollado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), es el proyecto hidroeléctrico más grande del país y aporta cerca del 8% de la energía nacional, porcentaje que podría aumentar hasta el 17% cuando opere a plena capacidad, según cifras divulgadas por la propia empresa. En los últimos meses, EPM y autoridades locales han reportado sobrevuelos de drones en la zona, algunos atribuidos a estructuras armadas ilegales con presencia en el norte de Antioquia.

En particular, el frente 36 de las disidencias de las Farc mantiene actividad en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, regiones históricamente afectadas por economías ilegales y confrontación armada. En municipios como Segovia se han registrado recientemente ataques con drones cargados con explosivos, lo que ha incrementado la percepción de riesgo sobre infraestructuras estratégicas y autoridades locales.

La diferencia central no gira únicamente en torno a la existencia de drones o de presencia armada en la zona, sino sobre si hubo una alerta formal de atentado contra los mandatarios. El general Gómez afirmó desconocer las razones de la cancelación de la visita y reiteró que no existe un reporte oficial que confirme un plan concreto. Petro respaldó esa posición y señaló que no tiene evidencia de una amenaza específica contra Rendón y Gutiérrez.

El episodio se inserta en una relación ya tensionada entre la Casa de Nariño y los liderazgos de Antioquia. Tanto Gutiérrez como Rendón han sido críticos frecuentes de la política de “paz total” del gobierno y han advertido sobre una expansión de grupos armados en el departamento. Desde el Ejecutivo, la narrativa ha insistido en que los procesos de diálogo y la presencia institucional buscan reducir la violencia estructural.

En el trasfondo también está la credibilidad de los flujos de información de inteligencia. Si los mandatarios territoriales sostienen que recibieron advertencias de la Fuerza Pública que luego son negadas por el mando central, la discusión se traslada a la cadena de comunicación y a los estándares para calificar un riesgo como “alerta formal”. La diferencia entre una recomendación operativa de seguridad y un informe consolidado de inteligencia puede resultar decisiva en la lectura pública del caso.

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Mientras la Fiscalía y las autoridades verifican los reportes sobre sobrevuelos y posibles riesgos contra la infraestructura, no se ha anunciado la confirmación de un plan concreto de atentado. Sin ese elemento, el choque permanece en el terreno político y comunicacional.

La definición técnica sobre si existió o no una advertencia formal marcará el siguiente paso. Si se confirma que hubo comunicaciones internas no elevadas a alerta oficial, el debate se trasladará a los protocolos y responsabilidades. Si no aparece evidencia de un plan específico, la discusión quedará anclada en la disputa por el relato de seguridad en Antioquia, con Hidroituango como punto de referencia obligado en la confrontación entre el gobierno nacional y las autoridades regionales.