El ELN anunció un paro armado de 72 horas que comenzará el próximo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. La guerrilla justificó la medida como una protesta contra lo que denomina el “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra una supuesta injerencia del “imperialismo norteamericano” en Colombia.

El anuncio fue hecho a través de un comunicado en el que el grupo armado señaló que esta acción busca rechazar “las amenazas de intervención imperialista” y una nueva fase de presión de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Según el ELN, estas acciones tendrían como objetivo apropiarse de los bienes naturales y las riquezas del país.

Durante el paro armado, el ELN advirtió que realizará bloqueos y controles en carreteras de alta afluencia y en ríos navegables, aunque no precisó si la medida se aplicará en todas las regiones donde tiene presencia. La guerrilla pidió a la población civil abstenerse de movilizarse durante esos días y aseguró que sus unidades “respetarán a los civiles y sus bienes”, siempre y cuando no se mezclen con fuerzas militares.

“Como organización con vocación humanitaria, informamos esta actividad de protesta rompiendo el principio del secreto militar, para que el pueblo colombiano que no participa de la guerra tenga conocimiento y no se mueva por las carreteras y ríos”, indicó el grupo en su declaración.

El ELN reiteró que seguirá oponiéndose a cualquier forma de intervención extranjera y sostuvo que las decisiones sobre el país “deben tomarse en Colombia y no en Washington”.

En meses recientes, la guerrilla ha intensificado su discurso contra Estados Unidos, al que acusa de promover acciones militares y políticas que, según ellos, afectan la soberanía regional bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio del paro armado se da en un contexto de estancamiento de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, luego de que el último cese al fuego bilateral venciera sin ser renovado. Mientras tanto, organizaciones sociales y autoridades locales han manifestado su preocupación por el impacto que este tipo de acciones suele tener sobre la movilidad, la actividad económica y la seguridad de la población civil en las zonas afectadas.