La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo con el que se financian los servicios del sistema de salud a través de las EPS.

En el auto, el alto tribunal concluyó que el Ministerio de Salud fijó el valor de la UPC basándose principalmente en la inflación causada (IPC), sin sustentar técnicamente que dicho ajuste garantice la suficiencia financiera del sistema, tal como lo había ordenado la Corte. Para los magistrados, el uso exclusivo del IPC constituye una medida de emergencia que no asegura la cobertura de los costos reales del aseguramiento en salud.

La decisión señala que el Gobierno no demostró, con estudios técnicos robustos, que los recursos asignados sean suficientes tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Además, advierte que la información utilizada para el cálculo de la UPC provino de un grupo reducido de EPS y careció de mecanismos adecuados de validación.

El tribunal también evidenció un retroceso en la obligación de equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado al 95 % del régimen contributivo. Según la Corte, la brecha entre ambos valores se ha ampliado desde 2022 sin una justificación técnica que respalde esa diferencia.

Como parte de las órdenes, la Corte instruyó al Ministerio de Salud a formular un Plan Inmediato de Acciones en Salud (PIAS), que deberá ser presentado dentro de los tres meses siguientes a la notificación del auto. Dicho plan deberá contemplar fases de diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento para corregir las fallas estructurales del sistema. El componente relacionado con la sostenibilidad financiera deberá entregarse en un plazo máximo de un mes.

Finalmente, la Corte anunció que compulsará copias del proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para que adelanten las investigaciones correspondientes. Asimismo, dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud asuma un rol de verificación sobre el uso de los recursos por parte de las EPS, en cumplimiento de las órdenes judiciales.