La Comisión Primera del Senado archivó este martes el proyecto de “Referendo por las Regiones”, promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que buscaba que los impuestos de renta y patrimonio se quedaran en los departamentos donde se generan. La iniciativa fue rechazada con 8 votos en contra y 7 a favor.

La propuesta había reunido más de 4,1 millones de firmas a nivel nacional, cumpliendo con los requisitos para convocar a la ciudadanía a las urnas, pero no logró superar la votación en el Congreso, uno de los pasos necesarios para su aprobación.

El proyecto generó posiciones encontradas entre senadores de diversas bancadas. Entre los que apoyaron la iniciativa estuvieron Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), Óscar Barreto (Partido Conservador), Julio Chagüi y Alfredo Deluque (Partido de La U), Jonathan Pulido (Alianza Verde), Jorge Benedetti (Cambio Radical) y Juan Carlos García (Partido Conservador).

En contra votaron Clara López, María José Pizarro y Carlos Benavides (Pacto Histórico), Aida Quilcué (Mais), Ariel Ávila y León Fredy Muñoz (Alianza Verde) y Temístocles Ortega (Cambio Radical). Varios legisladores, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal (Centro Democrático), se abstuvieron, mientras que los votos de Germán Blanco (Conservador) y Julián Gallo y Fabio Amín (Comunes) sorprendieron al no alinearse claramente.

Reacciones del gobierno regional

El senador y ponente Carlos Fernando Motoa destacó la legitimidad de la iniciativa, “Se trataba de una propuesta ciudadana que recogió más de 4,1 millones de firmas. No es de iniciativa presidencial, viene de abajo hacia arriba”.

El gobernador Rendón señaló que el principal obstáculo para la aprobación fue el presidente Gustavo Petro. “Con esta decisión pierden las regiones y gana el centralismo. Celebran quienes quieren controlar la riqueza que se genera en las regiones, pero que se concentra y maneja desde Bogotá”, afirmó. Agregó que quienes se opusieron al referendo “le hacen un favor a Petro y al peligro de concentración del poder en el nivel central”.

La iniciativa buscaba fortalecer la descentralización al permitir que los recursos tributarios permanecieran en los departamentos, con el fin de impulsar el desarrollo regional previsto en la Constitución de 1991. Su archivo marca un revés importante para los sectores que impulsaban la autonomía fiscal de las regiones.