Bogotá, 26 de marzo de 2026 – El representante electo Daniel Briceño comparó el costo de su campaña con las reposiciones de votos que, según sus planteamientos, recibirían Claudia López y Roy Barreras, y cuestionó la proporcionalidad del sistema de financiación electoral.
La comparación, publicada en su cuenta de X, reactivó la discusión sobre el modelo de reposición de votos en Colombia. Briceño planteó que campañas con votaciones similares pueden terminar con reembolsos muy distintos, lo que, a su juicio, justifica abrir un debate sobre las reglas actuales y su impacto en el uso de recursos públicos.
Al referirse a Roy Barreras, Briceño aseguró que el exsenador obtuvo 257.037 votos en la consulta y que, bajo el esquema vigente, podría recibir una reposición cercana a $1.528 millones. En contraste, destacó que su propia campaña alcanzó 264.838 votos con un costo total de $410 millones, lo que utilizó como argumento para cuestionar la proporcionalidad del sistema.
En ese contexto, reiteró su decisión de solicitar únicamente el dinero que efectivamente invirtió, pese a que por su votación podría reclamar cerca de $2.210 millones. Según explicó, esta postura busca evidenciar lo que considera un desbalance en el modelo actual y generar discusión sobre el uso de recursos públicos.
El sistema de reposición de votos establece un valor por sufragio definido por el Consejo Nacional Electoral, pero el monto final depende de los gastos reportados y validados, así como de los topes de financiación, por lo que no corresponde a un pago automático por cada voto obtenido.
En el caso de Claudia López, Briceño señaló que la exalcaldesa obtuvo 574.670 votos en la consulta y reportó gastos por $5.095 millones, lo que habilitaría una reposición en ese mismo rango. Este punto se ha convertido en uno de los ejes de la discusión, ya que el modelo actual permite mayores devoluciones a campañas que registran niveles más altos de inversión dentro de los límites legales.
La controversia ha reactivado el debate sobre la equidad del sistema de financiación electoral. Mientras algunos sectores defienden que la reposición garantiza transparencia y control, otros advierten que podría favorecer a campañas con mayor capacidad económica frente a opciones más austeras.
El tema también ha llegado al plano judicial, con demandas que cuestionan las condiciones de competencia que genera el esquema vigente, en medio de una discusión que vuelve a poner en el centro el costo de la política en Colombia.
