La región de Norte de Santander enfrenta una grave crisis humanitaria debido a la intensificación del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc, dejando miles de desplazados, víctimas y comunidades confinadas.
El conflicto armado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha generado una escalada de violencia que ha obligado a 36.139 personas a abandonar sus hogares, según cifras recientes de la Defensoría del Pueblo. La situación se ha agravado por la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la disidencia del Frente 33 de las Farc, en una disputa por el control de un territorio clave para el narcotráfico y la producción de hoja de coca.
Los desplazamientos masivos han afectado principalmente a los municipios de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde la población busca refugio frente al fuego cruzado entre los grupos armados. La Defensoría alertó sobre los riesgos de confinamiento en varias localidades, señalando que niños, mujeres, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz enfrentan un alto riesgo de secuestro o asesinato.
Ante la crisis, el Gobierno nacional y las autoridades locales han intensificado las medidas humanitarias. En Tibú, 435 personas han sido evacuadas mediante vuelos humanitarios, mientras que otras 200, incluidas comunidades indígenas, niños y adultos mayores, han sido trasladadas a zonas más seguras con apoyo del Ejército Nacional. Asimismo, se han entregado más de 82 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y kits de emergencia, para asistir a unas 16.000 personas.
La violencia ha cobrado un alto costo humano. Desde el inicio de los enfrentamientos, se han reportado al menos 80 asesinatos, según el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aunque la Defensoría ha logrado confirmar 60 casos hasta el momento. Entre las víctimas, seis firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados, siete han desaparecido (dos de ellos ya liberados) y 102 han sido desplazados forzosamente.
El conflicto también ha afectado gravemente a las comunidades indígenas. Un total de 631 miembros del pueblo Yukpa han sido desplazados a San Pablo, Tibú y Cúcuta, mientras que el resguardo indígena Barí ha recibido a 216 personas provenientes de otras comunidades. En respuesta, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Fuerza Pública y los gobiernos locales, ha distribuido alimentos y asistencia en estos territorios.
En paralelo, las Fuerzas Militares han intensificado su presencia en la zona con operaciones que incluyen artillería pesada y tropas especializadas. Hasta ahora, 22 miembros del Frente ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ del ELN, entre ellos tres menores de edad, se han entregado a las autoridades en El Tarra y Tibú.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, instó al establecimiento inmediato de un corredor humanitario que permita atender de manera efectiva la emergencia. También hizo un llamado a garantizar la protección de líderes sociales, autoridades locales y defensores de derechos humanos que permanecen en alto riesgo debido a la situación en la región.
La Defensoría del Pueblo advirtió que, además de los desplazamientos internos, un número indeterminado de personas ha cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de refugio. El órgano de derechos humanos insiste en la necesidad de garantizar seguridad, atención en albergues y un sistema de caracterización integral de las víctimas para mitigar el impacto de esta crisis humanitaria.
Mientras tanto, la población del Catatumbo sigue atrapada entre las balas, esperando una solución definitiva que permita restablecer la paz y brindar estabilidad a una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
