Bogotá, 24 de marzo de 2026 – La Junta Directiva de Ecopetrol decidió mantener en su cargo al presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, pese a la imputación penal en su contra por presunto tráfico de influencias y a la presión del sindicato y de accionistas minoritarios que pedían su salida. La determinación fue comunicada ayer, tras varias reuniones en las que se evaluaron los riesgos legales y reputacionales para la empresa.
En un comunicado, la petrolera informó que la junta resolvió no apartar a Roa mientras continúa el análisis de las implicaciones derivadas de las investigaciones penales y administrativas que enfrenta. Según la compañía, el órgano directivo es consciente de sus responsabilidades y mantiene una revisión permanente de los riesgos con apoyo de la Dirección de Cumplimiento y asesores externos en Colombia y Estados Unidos.
La decisión se produjo luego de extensas sesiones de la junta, algunas de más de diez horas, en las que sus nueve integrantes analizaron el impacto de la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación. Al término de ese proceso, concluyeron que hasta ahora no se han configurado incumplimientos de la regulación aplicable ni de contratos de crédito u otros acuerdos que obliguen a remover al presidente.
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El caso de Roa, imputado por presunto tráfico de influencias en un proceso relacionado con la compra de un inmueble y posibles vínculos con decisiones empresariales y la campaña presidencial de 2022, ha generado un debate sobre el gobierno corporativo de la principal empresa estatal del país. El directivo no aceptó los cargos y ha sostenido que actuó dentro de la legalidad.
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La determinación de la junta se dio en medio de fuertes presiones externas. La Unión Sindical Obrera solicitó formalmente la salida del presidente y advirtió que su permanencia es insostenible para la estabilidad operativa de la empresa. El sindicato incluso ha planteado la posibilidad de convocar movilizaciones o un paro si no se producen cambios en la dirección.
A esas críticas se sumaron accionistas minoritarios y asociaciones de inversionistas, que pidieron mayor información sobre los riesgos derivados del proceso judicial y un plan de contingencia ante una eventual salida de Roa. También cuestionaron que un directivo imputado continúe al frente de una compañía que cotiza en bolsa.
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Pese a estas presiones, la junta optó por mantener al presidente bajo el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. La decisión no estuvo exenta de tensiones internas, ya que algunos miembros plantearon la posibilidad de una separación temporal del cargo, alternativa que finalmente no prosperó.
Ecopetrol, listada en las bolsas de Colombia y Nueva York, está sujeta a estrictos estándares de gobierno corporativo, por lo que la situación judicial de su presidente tiene implicaciones directas sobre la percepción de riesgo de inversionistas y reguladores. La compañía señaló que continuará monitoreando de forma permanente los efectos legales, contractuales y reputacionales del caso mientras avanza el proceso judicial.
