El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, espera el decreto presidencial para fijar la fecha de las sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno deberá justificar la declaratoria de conmoción interior.
El Congreso de la República se prepara para abordar una de las medidas más excepcionales del orden constitucional colombiano: la declaración de conmoción interior. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que el Legislativo será citado la próxima semana, una vez el presidente Gustavo Petro emita el decreto que oficialice la medida, en respuesta a la crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo.
La declaración de conmoción interior, prevista en la Constitución como un recurso para enfrentar graves perturbaciones al orden público, obliga al Congreso a reunirse dentro de los tres días siguientes a su emisión para examinar las razones del Gobierno. Según Cepeda, se priorizará una sesión presencial dada la relevancia de esta decisión, que requiere un análisis profundo por parte de los legisladores.
En la sesión extraordinaria, se espera la presencia de los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez. Ambos tendrán la tarea de explicar los alcances del decreto y las medidas que se implementarán para atender la crisis en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han dejado más de 36.000 desplazados.
Una vez recibido el informe del Ejecutivo, el Congreso contará con un plazo de 15 días para emitir un concepto sobre la declaratoria, aunque no tiene la facultad de revocarla. Además, el Gobierno estará obligado a informar periódicamente al Legislativo sobre los avances de las medidas implementadas durante los 90 días iniciales que dure la conmoción interior.
En caso de que el presidente Petro considere necesaria una prórroga de la medida, el Congreso jugará un papel determinante, ya que deberá autorizar cualquier extensión más allá del periodo inicial.
La crisis en el Catatumbo, marcada por desplazamientos masivos, asesinatos de líderes sociales y confinamientos de comunidades, ha llevado al Ejecutivo a recurrir a esta figura constitucional, que ha sido aplicada en contadas ocasiones en la historia del país. Mientras tanto, las bancadas políticas se alistan para debatir la medida, evaluando su viabilidad y los mecanismos necesarios para garantizar una atención efectiva a la emergencia en la región.
Con la expectativa del decreto presidencial, el Congreso afina los preparativos para una de las sesiones más cruciales de su actual legislatura, en la que se definirá cómo enfrentar una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en Colombia.
