La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de anunciar la declaratoria simultánea de conmoción interior y emergencia económica para afrontar la crisis en El Catatumbo ha generado cuestionamientos en el Congreso de la República. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió que la Constitución no permite la aplicación de ambos estados de excepción con base en los mismos hechos.
Lozano se apoyó en los artículos 213 y 215 de la Constitución Política, que establecen las condiciones para declarar estados de excepción. Según el artículo 215, la emergencia económica solo puede ser declarada por hechos distintos a los que justifican la conmoción interior. “La Constitución es clara: no es posible decretar ambos estados de excepción simultáneamente si la crisis responde a los mismos hechos”, señaló la senadora.
El artículo 215 indica que la emergencia económica debe responder a eventos que afecten de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan una grave calamidad pública, siempre que sean diferentes de los contemplados en los artículos 212 y 213, que regulan la conmoción interior.
“La crisis en El Catatumbo es alarmante, con desplazamientos masivos y un deterioro grave del orden público, pero una lectura básica de la Constitución indica que justificar ambos estados de excepción con los mismos hechos es cuestionable”, añadió Lozano.
Aunque Petro anunció la medida mediante redes sociales, los decretos correspondientes aún no han sido publicados. Esto genera incertidumbre sobre cómo el Ejecutivo planea argumentar y sustentar la declaratoria de ambos estados de excepción.
La crisis en El Catatumbo ha dejado cerca de 80 muertos y más de 20.000 desplazados, según cifras recientes. Sin embargo, sectores del Congreso insisten en que la situación, aunque grave, requiere un enfoque riguroso y ajustado a la Constitución para evitar abusos en el uso de las herramientas excepcionales que esta permite.
El debate se traslada ahora a las instancias legislativas y judiciales, que tienen la responsabilidad de revisar y, de ser necesario, limitar el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
