Bogotá, 10 de abril de 2026 – La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria por el ingreso y presentación no autorizada del cantante Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Medellín. El ente de control indaga a por lo menos siete funcionarios del INPEC por su presunta participación o permisividad en un evento realizado el 8 de abril dentro del penal.

El caso, que se destapó tras la circulación de videos en redes sociales, llevó al Gobierno Nacional a suspender temporalmente las negociaciones con estructuras criminales vinculadas a la llamada Mesa de Paz Urbana, al establecerse posibles nexos entre sus integrantes y la organización del concierto.

La Procuraduría inició una indagación previa para identificar responsabilidades individuales dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Para ello, programó inspecciones en la cárcel de Itagüí y en la dirección regional del Inpec en Antioquia, con el objetivo de revisar registros de ingreso, comunicaciones internas y versiones de los funcionarios implicados.

El Inpec aseguró en un comunicado que el evento no fue aprobado por el Gobierno ni por su dirección general. En respuesta, ordenó el retiro del director encargado del penal y abrió una investigación interna contra siete servidores.

Según la información recopilada, el concierto se realizó en el patio uno de la prisión y habría contado con la presencia de jefes de estructuras criminales recluidos allí. Aunque durante la actividad se pidió no registrar imágenes, varios videos terminaron filtrándose y desataron la controversia pública.

Las autoridades también buscan establecer cómo se financió el evento y quién coordinó el ingreso del artista. Denuncias conocidas en el proceso señalan que el concierto habría costado cerca de 500 millones de pesos, con un pago aproximado de 100 millones para el cantante, recursos que habrían sido recolectados entre internos, algunos vinculados a la Mesa de Paz Urbana.

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El mánager de Velásquez, Álex Eduardo Díaz, afirmó que existía un contrato formal para la presentación y que asumieron que el evento contaba con las autorizaciones necesarias. Sostuvo que la contratación no fue gestionada por el Inpec, lo que refuerza la hipótesis de una organización desde el interior del penal.

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La decisión del Gobierno de suspender los diálogos con voceros de estructuras criminales marca una consecuencia directa del escándalo. La medida busca establecer límites frente a los actores que participan en estos procesos y evitar que se desborden las condiciones pactadas.

El episodio también reabre cuestionamientos sobre el control estatal en las cárceles de máxima seguridad y el poder económico de organizaciones criminales que, aun privadas de la libertad, mantienen capacidad de movilizar recursos y coordinar actividades de alto costo.

La Procuraduría deberá determinar si hubo faltas disciplinarias graves por vulneración de protocolos y si el caso trasciende hacia eventuales responsabilidades penales. Entretanto, el proceso de paz urbana queda en pausa y bajo revisión de sus condiciones.