Bogotá, 8 de abril de 2026 – Leonardo Villar, gerente y presidente de la junta directiva del Banco de la República, advirtió que la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de no presidir ni asistir a las próximas sesiones de política monetaria podría paralizar la toma de decisiones del Emisor y afectar su autonomía. El anuncio ocurre en medio del choque con el Gobierno por el reciente aumento de la tasa de interés.

En una entrevista con Bloomberg Línea, Villar explicó que, según el Decreto 2520 de 1993, artículo 35, la junta solo puede sesionar con la presencia del ministro de Hacienda y al menos otros cuatro miembros. Añadió que una ausencia deliberada impediría la reunión y pondría en riesgo el funcionamiento institucional del banco central, y que el mandato legal no puede convertirse en un mecanismo para presionar decisiones, pues la independencia de la entidad estaría comprometida si se utilizara con ese fin.

El gerente agregó que, en caso de fuerza mayor, el presidente de la República puede nombrar un reemplazo temporal o miembro “ad hoc” para garantizar la operación de la junta, aunque mientras esto no ocurra la interpretación vigente mantiene al banco dependiendo formalmente de la asistencia del ministro. Villar resaltó que las decisiones de política monetaria se adoptan por convicción técnica y con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la moneda, citando la reciente alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés hasta 11,25%, en una votación dividida de la junta.

Paralelamente, se radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra el artículo del decreto que condiciona el quórum a la presencia del ministro. El ciudadano Daniel Felipe Useche argumenta que la obligación del ministro para sesionar permite bloquear decisiones clave, como la fijación de tasas de interés, y subordina la autonomía del banco a la voluntad del Ejecutivo. La Sala Plena del Consejo deberá decidir si la norma es compatible con la independencia constitucional del Emisor o si requiere modificaciones.

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El conflicto se intensificó tras la sesión del 31 de marzo, cuando Ávila abandonó la reunión luego de que la junta votara un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, decisión que generó una división entre los codirectores. Tras retirarse, el ministro anunció que no asistiría a futuras sesiones, argumentando desacuerdos con la política monetaria adoptada y señalando que las decisiones del banco estaban afectando la economía del país. Su determinación evidenció la fractura institucional y abrió un debate sobre la capacidad del banco para operar de manera autónoma frente a la voluntad del Ejecutivo.

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Expertos, exministros y más de 200 economistas han respaldado la defensa de la autonomía del Banco de la República, destacando que la decisión del ministro genera incertidumbre sobre la capacidad del banco para cumplir con su mandato constitucional.

La situación expone una tensión estructural entre la autonomía técnica del Banco de la República y la norma que exige la presencia de un miembro del Ejecutivo para sesionar. Lo que determine el Consejo de Estado en los próximos meses podría redefinir el equilibrio entre coordinación con el Gobierno y autonomía institucional, estableciendo precedentes sobre cómo se ejecuta la política monetaria en Colombia.