Bogotá, 31 de marzo de2026 – Wilmar Mejía presentó su renuncia irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) el día de ayer, luego de que se conocieran documentos y audios que lo mencionan junto al general Juan Miguel Huertas en presuntos contactos con la disidencia de las FARC liderada por alias «Calarcá». La dimisión ocurre en medio de la presión institucional y política por sospechas de infiltración de estructuras armadas en organismos del Estado.

Mejía, director de inteligencia estratégica de la DNI, firmó su carta de renuncia tras el levantamiento de una suspensión disciplinaria impuesta por la Procuraduría, que había afectado tanto a él como al general Huertas. La documentación que motivó la decisión provino de dispositivos incautados en Antioquia en 2024 durante un operativo contra la disidencia de alias Calarcá, identificado como Alexander Díaz. Entre los materiales había conversaciones sobre una empresa de seguridad fachada que facilitaría movilidad a cabecillas armados con permisos legales para portar armas.

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El propio Mejía difundió su salida en X, aclarando que su renuncia no estaba relacionada con pronunciamientos de la fiscal general Luz Adriana Camargo y señalando que la carta contenía un error en la fecha que debía indicar 2026. Según medios, Mejía habría considerado su posible traslado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como parte de los movimientos estratégicos del Estado, lo que generó un debate político adicional.

La Fiscalía General de la Nación corroboró durante meses la autenticidad de los archivos y valoró su gravedad, mientras que la Procuraduría levantó la suspensión temporal sin cerrar la investigación. El caso de Mejía pone en el centro del debate la credibilidad institucional de la DNI y la seguridad de las operaciones de inteligencia, al tiempo que reabre cuestionamientos sobre la posible permeabilidad de los órganos estatales frente a disidencias armadas.

Con su renuncia, Mejía busca marcar distancia frente a las versiones que lo vinculan directamente con la disidencia y afirma que su carrera pública ha estado vinculada a la construcción de paz. La decisión se produce en un contexto de alto escrutinio público sobre los nexos entre funcionarios del Estado y grupos armados ilegales.