El presidente Gustavo Petro autorizó públicamente al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a presentar denuncias penales y civiles contra diversos medios de comunicación, luego de los reportes que señalan presuntos vínculos de ambos funcionarios con las disidencias de “Calarcá”. La decisión fue anunciada a través de un extenso mensaje en su cuenta de X.
Las revelaciones más recientes provienen de Noticias Caracol y El Tiempo. En su investigación, Caracol planteó que Huertas y Mejía habrían sostenido contactos irregulares con estructuras del Estado Mayor Central, incluyendo acuerdos de no agresión entre disidencias y Fuerza Pública, así como la supuesta participación del grupo armado en la campaña presidencial de 2022.
En contexto: Archivos de alias «Calarcá» revelan presuntos nexos entre disidencias de las FARC y funcionarios del Gobierno Petro
Por su parte, El Tiempo publicó información según la cual Mejía tendría una influencia decisiva en el proceso de ascensos y nombramientos de la Policía Nacional a través de la DNI. Según esa versión, se les estaría pidiendo a oficiales activos y retirados entregar información que comprometiera a generales con el fin de denunciar presuntos seguimientos al Gobierno.
El presidente insistió en que las comunicaciones que sustentan las acusaciones no provendrían de material incautado en operaciones contra las disidencias. Según él, los audios citados por periodistas no aparecen en los dispositivos electrónicos decomisados el año pasado al grupo de “Calarcá”.
“Las grabaciones de Wilmar no aparecen en los aparatos electrónicos incautados, eso es cierto y es lo que denunciamos. Aparecen en otro infundio”, escribió Petro, señalando que la información estaría basada en una entrevista realizada a un miembro detenido del EMC en una cárcel de la Sijín.
Además, el mandatario afirmó que la Fiscalía General no entregó oportunamente los resultados del análisis de los aparatos incautados hace 16 meses. También cuestionó que dicha fiscal habría permitido entrevistas irregulares a exintegrantes de las disidencias privados de la libertad.
En el mismo mensaje, Petro vinculó su crítica a la cercanía política que, según él, tendría la fiscal del caso. “La fiscal de Medellín tiene una fuerte cercanía con el general Fajardo, al que saqué del Ejército, y trabaja con gobiernos locales de Medellín y Antioquia”, escribió. Añadió que en la capital antioqueña se habría reunido un grupo de oficiales retirados por su Gobierno, quienes, según su versión, se organizaron con Abelardo de la Espriella para buscar su reintegro.
Tras detallar sus reparos, Petro dirigió un mensaje a los dos funcionarios implicados indicando que cuentan con autorización para denunciar a los medios que publicaron información sobre presuntos nexos con las disidencias. El jefe de Estado reiteró que las acusaciones no están soportadas en material incautado en el operativo contra alias Calarcá, sino en contenidos externos que, según Petro, no cumplen con los estándares de verificación.
Con esta instrucción, el mandatario abrió un nuevo capítulo en la controversia política y mediática alrededor del supuesto alcance de las infiltraciones del EMC en organismos de seguridad y despachos del alto Gobierno.
