Bogotá, 28 de marzo de 2026 – El Gobierno nacional reactivó el camino para que Cielo Rusinque regrese a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al publicar nuevamente su hoja de vida en el portal oficial de aspirantes, pocos días después de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por incumplir requisitos legales. La decisión se da bajo el nuevo marco del Decreto 0226 de 2026, que flexibilizó las condiciones para designar superintendentes y ahora le permitiría cumplir con los criterios formales para volver al cargo.

Rusinque dejó oficialmente la entidad el 26 de marzo, tras la aceptación de su renuncia por parte del presidente Gustavo Petro, quien encargó de manera temporal a Diego Solano mientras se define el nombramiento en propiedad. Sin embargo, la publicación de su hoja de vida el 27 de marzo marca el inicio de un nuevo proceso de selección, esta vez bajo reglas distintas a las que provocaron la caída de su designación inicial.

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El Consejo de Estado había concluido que la exfuncionaria no acreditó la formación académica ni la experiencia específica exigida para dirigir la SIC, al no demostrar los diez años requeridos en áreas como competencia, protección al consumidor o propiedad industrial. El fallo dejó sin efecto el decreto que la nombró en 2024 y obligó al Ejecutivo a formalizar su salida.

En paralelo, el Gobierno ya había expedido el Decreto 0226, que modificó de manera sustancial los requisitos para estos cargos. La norma eliminó exigencias específicas de experiencia técnica y convirtió en facultativa la convocatoria pública, lo que amplía la discrecionalidad presidencial en los nombramientos. Bajo estos nuevos parámetros, Rusinque sí cumple las condiciones generales, lo que explica su reaparición en el proceso.

La posibilidad de su regreso ha generado críticas desde sectores políticos y académicos, que califican la reforma como una “jugada normativa” para permitir su renombramiento. Cuestionan que se reduzcan los estándares técnicos en una entidad clave para la regulación de mercados, la libre competencia y la protección del consumidor. También advierten que el cambio podría sentar un precedente para otras superintendencias, como la Financiera y la de Sociedades.

Desde el Gobierno, en cambio, se ha defendido el ajuste normativo como una forma de armonizar los requisitos con el régimen general de la alta dirección pública y garantizar la confianza del Ejecutivo en sus funcionarios. Petro ha cuestionado el fallo del Consejo de Estado y ha respaldado públicamente a Rusinque, lo que refuerza la lectura de que su eventual regreso cuenta con apoyo político directo.

El proceso de nombramiento sigue en curso y será determinante en las próximas semanas. La decisión final del Ejecutivo será observada por el sector empresarial, la academia y organismos internacionales, en un contexto marcado por el debate sobre meritocracia, independencia técnica y el alcance del poder presidencial en la designación de autoridades regulatorias.