Córdoba, 28 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro sancionó el 27 de marzo en Cereté la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma que crea un sistema judicial especializado para resolver conflictos de tierras en el país. El acto estuvo acompañado por la entrega de 3.600 hectáreas a familias campesinas afectadas por inundaciones en Córdoba y el anuncio de intervenciones ambientales en el Bajo Sinú.
La nueva jurisdicción desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2023 e incorpora jueces y tribunales con competencia exclusiva en disputas sobre uso, acceso y propiedad de la tierra. También atenderá procesos de restitución, conflictos por baldíos y controversias entre campesinos, comunidades étnicas, particulares y el Estado. La norma modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia e introduce una estructura con apoyo técnico en avalúos, suelos, catastro y asuntos ambientales.
Además de los despachos judiciales, el sistema prevé facilitadores agrarios que orientarán a la población rural en el acceso a la justicia. La implementación dependerá de reglamentaciones posteriores y de decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, que definirá la creación y ubicación de los juzgados.
El Gobierno ha señalado que la jurisdicción agraria responde a compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, que contemplaba una reforma rural integral. Tras varios intentos fallidos en el Congreso, la iniciativa se concreta casi una década después con la aprobación del acto legislativo y la ley estatutaria.
Durante el evento, Petro defendió la medida como un mecanismo para impulsar la reforma agraria desde la justicia y ampliar el acceso a la tierra productiva. El mandatario vinculó la política de tierras con la generación de empleo rural y la adaptación al cambio climático en zonas vulnerables.
En el mismo escenario, la Agencia Nacional de Tierras confirmó la adjudicación de 3.600 hectáreas a cerca de 1.000 familias damnificadas por la reciente emergencia invernal en Córdoba. Los predios provienen en parte de procesos de extinción de dominio y serán asignados dentro de una estrategia de reubicación para comunidades afectadas por inundaciones.
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En el frente ambiental, el Gobierno anunció el inicio de la demolición de jarillones en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú para restablecer el flujo natural del agua entre el río Sinú y el sistema de humedales. Según el Ministerio de Ambiente, estas intervenciones buscan recuperar ecosistemas, reducir riesgos de inundación y restituir áreas de uso público como playones.
Las medidas se producen en medio de una estrategia más amplia que combina recuperación de ciénagas, entrega de tierras y atención a emergencias climáticas. Córdoba ha sido uno de los departamentos más afectados por lluvias recientes, con inundaciones en municipios como Montería, Cereté y zonas rurales de la cuenca del Sinú.
