Bogotá, 26 de marzo de 2026 – La Contraloría General de la República advirtió fallas en la estructuración y ejecución de los decretos expedidos por el Gobierno tras declarar la emergencia económica por la ola invernal, y pidió justificar el recaudo de hasta 8,68 billones de pesos destinados a atender la crisis en varias regiones del país.

El organismo de control, dirigido por Carlos Hernán Rodríguez, mantiene un seguimiento especial sobre las medidas adoptadas mediante el Decreto 0150 de 2026, que cobija a ocho departamentos del Caribe y otras zonas afectadas por las lluvias. Tras revisar 18 decretos, la entidad alertó sobre vacíos en su articulación y dudas sobre la capacidad institucional para ejecutar de forma eficiente los recursos proyectados.

En particular, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a otras entidades sectoriales los soportes técnicos y financieros que expliquen la necesidad de recaudar nuevos recursos. El ente pidió detallar los cálculos de los daños, así como la brecha entre los fondos disponibles y el monto que se pretende obtener mediante medidas tributarias extraordinarias.

Entre los decretos expedidos se incluyen impuestos como un gravamen al patrimonio y un tributo del 16 por ciento al consumo de juegos de azar operados por internet, además de alivios en servicios públicos para hogares afectados. Sin embargo, la Contraloría insistió en que estos recursos deben destinarse exclusivamente a atender la emergencia y ejecutarse bajo un Plan de Acción Específico que garantice coherencia y control.

El organismo también recordó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ya cuenta con 1,69 billones de pesos para 2026 y cerca de 1 billón adicional en reservas del año anterior, lo que, a su juicio, obliga a clarificar primero el uso de esos recursos antes de justificar nuevos recaudos.

La emergencia fue declarada el 11 de febrero de 2026 tras una temporada de lluvias que ha afectado a más de 200.000 personas en al menos 24 departamentos. Desde entonces, el Gobierno ha defendido la necesidad de adoptar medidas excepcionales para financiar la atención de daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

El pronunciamiento de la Contraloría se da en medio de un contexto sensible por antecedentes de irregularidades en la gestión de recursos de riesgo, lo que aumenta la presión por garantizar transparencia en la ejecución. Mientras tanto, autoridades locales y comunidades continúan exigiendo una respuesta rápida en los territorios afectados.

En el corto plazo, el ente de control prevé intensificar los requerimientos de información y desplegar auditorías en campo para verificar el uso de los recursos. El Gobierno, por su parte, podría verse obligado a reforzar la justificación técnica de sus medidas y ajustar la implementación de los decretos para evitar cuestionamientos fiscales y legales.