Nueva York, 26 de marzo de 2026 – Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen este 26 de marzo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia preliminar que marcará el rumbo inmediato del proceso penal en su contra. El juez Alvin K. Hellerstein deberá resolver una moción de la defensa que busca desestimar el caso por una presunta violación al derecho constitucional a elegir abogado.
La solicitud, presentada por el abogado Barrick Pollack, sostiene que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó el acceso a fondos del Estado venezolano destinados a cubrir los honorarios legales. Según la defensa, esa restricción impide a Maduro financiar a su equipo jurídico y vulnera la Sexta Enmienda. La Fiscalía rechaza ese argumento y afirma que el derecho a la defensa no se ve afectado porque el sistema judicial contempla la asignación de defensores públicos.
El núcleo de la audiencia gira en torno a la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La defensa asegura que inicialmente se autorizó el uso de recursos provenientes de Caracas, pero que esa licencia fue modificada horas después para prohibir esos pagos. Con base en ese cambio, Pollack argumenta que Maduro carece de recursos propios y no puede sostener su defensa privada.
En contexto: Maduro enfrenta el juicio sin poder costear su abogado
El tribunal tiene tres caminos posibles. Puede aceptar la desestimación del caso, rechazarla o adoptar una solución intermedia. Entre estas opciones está permitir la salida del abogado actual y designar un defensor público, lo que mantendría el proceso en marcha sin resolver el reclamo de fondo sobre la elección del abogado.
Fase preliminar en curso
El proceso se encuentra aún en etapa inicial. Tras su captura en Caracas a comienzos de enero de 2026 y su traslado a Estados Unidos, Maduro y Flores se declararon no culpables en su primera comparecencia. Ambos permanecen detenidos en Brooklyn mientras avanza la fase preliminar.
En esta etapa, el tribunal revisa mociones, organiza el calendario procesal y supervisa el inicio del intercambio de pruebas. Este procedimiento, conocido como discovery, será determinante en los próximos meses. La Fiscalía debe entregar a la defensa un volumen amplio de evidencia acumulada durante años, que incluye documentos, testimonios y registros audiovisuales.
Expertos en derecho penal estadounidense advierten que esta fase puede extenderse por varios meses o incluso más de un año debido a la magnitud del caso y a la necesidad de que ambas partes analicen el material probatorio.
Origen de los cargos
Las acusaciones contra Maduro se remontan a una imputación presentada en 2020, en la que se le señala de liderar una estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos. Los cargos incluyen conspiración narcoterrorista, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de guerra.
Cilia Flores enfrenta imputaciones similares, centradas en la conspiración para importar cocaína y la posesión y conspiración para poseer armamento. De ser hallados culpables, ambos podrían enfrentar condenas de varias décadas o incluso cadena perpetua.
El caso adquirió una nueva dimensión tras la captura de ambos en territorio venezolano, una operación que ha sido cuestionada por el oficialismo de ese país y defendida por autoridades estadounidenses.
Lo que se espera del juicio
En el corto plazo, la decisión del juez sobre la moción definirá el marco de la defensa. La mayoría de analistas coincide en que es poco probable que el caso sea desestimado, pero sí ven viable que se imponga una solución alternativa que permita continuar el proceso.
Luego, el expediente avanzará hacia una fase más técnica, con nuevas mociones previas al juicio. Estas pueden incluir cuestionamientos sobre la legalidad de la captura, la validez de pruebas o incluso alegatos de inmunidad.
La fijación de una fecha de juicio aún está lejana. En procesos de esta magnitud, el calendario suele extenderse durante años. El desenlace dependerá de la solidez de las pruebas, la estrategia de la defensa y las decisiones del tribunal en cada etapa.
El caso se perfila como uno de los procesos judiciales más complejos y de mayor impacto político en tribunales federales de Estados Unidos, con implicaciones que trascienden el ámbito penal y alcanzan el terreno diplomático e internacional.
