Bogotá, 26 de marzo de 2026 – La salida de Cielo Rusinque de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se concretó tras la anulación de su nombramiento por parte del Consejo de Estado, que concluyó que no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo. El Gobierno de Gustavo Petro aceptó su renuncia y designó como superintendente encargado a Diego Solano, hasta ahora jefe de asesores de la entidad.

El fallo anuló el decreto de febrero de 2024 que formalizó la designación de Rusinque, al determinar que no acreditó un posgrado afín ni la experiencia específica requerida en áreas como competencia, protección al consumidor o datos personales. La decisión cerró un proceso judicial que venía en curso desde 2025, cuando se solicitaron pruebas adicionales sobre la convalidación de su título en el exterior.

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Tras conocerse la sentencia, el Ejecutivo avanzó en la transición administrativa con el nombramiento interino de Solano, quien es cercano al equipo de Rusinque y cuenta con experiencia en firmas jurídicas. El Gobierno sostiene que su designación garantiza continuidad mientras se define el nuevo titular de la entidad.

La salida de la funcionaria coincide con la expedición del Decreto 226 de 2026, que modifica los requisitos para nombrar superintendentes en Colombia. La norma reduce las exigencias de experiencia específica y elimina la obligatoriedad de convocatorias públicas, lo que amplía la discrecionalidad del presidente en estos nombramientos.

Rusinque cuestionó la decisión judicial y aseguró que el tribunal desconoció la validez de sus estudios de posgrado realizados en París, que, según afirmó, estaban convalidados como maestría. También citó un salvamento de voto dentro del fallo para sostener que su nombramiento sí cumplía con la legalidad.

El caso ha abierto un debate entre expertos y sectores académicos sobre la meritocracia y la independencia técnica de las superintendencias. La SIC es la autoridad encargada de vigilar la libre competencia, proteger a los consumidores y supervisar el uso de datos personales, funciones que requieren alta especialización técnica.

Analistas advierten que la flexibilización de requisitos podría afectar estándares recomendados por organismos internacionales como la OCDE, que promueve procesos de selección basados en mérito y perfiles técnicos para autoridades regulatorias. Otros sectores, en cambio, defienden que el cambio normativo permite mayor coherencia con el régimen general de la administración pública y facilita la conformación de equipos alineados con el programa de gobierno.

En el corto plazo, el Ejecutivo deberá nombrar en propiedad al nuevo superintendente bajo las reglas vigentes, en una decisión que será observada por el sector empresarial, la academia y la justicia.