Bogotá, 25 de marzo de 2026 – La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez a 23 años de prisión por su participación en una red de direccionamiento de contratos conocida como «las marionetas«. El fallo lo declaró responsable de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia y se refiere a hechos ocurridos en 2021, cuando, según el alto tribunal, se estructuró una negociación ilícita alrededor de contratos administrados por la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS. En ese entramado, Ramírez habría intervenido junto con el asesor Pablo César Herrera y otros actores políticos y administrativos.

De acuerdo con la sentencia, el esquema tomó forma tras varias reuniones en las que se revisaron contratos entre Proyecta y el DPS. El 13 de octubre de 2021 se habría realizado un encuentro clave con la participación de Ramírez, Herrera y Pierre García, en el que se discutió un nuevo contrato interadministrativo. Días después, entre el 8 y el 12 de noviembre, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmó el contrato 670 de 2021 por 48.660 millones de pesos.

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La investigación describe una estructura que habría permitido asignar obras e interventorías en municipios de Tolima como Saldaña, Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, así como en el departamento del Quindío. Según la Corte, estos contratos fueron direccionados hacia empresas vinculadas con Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez y Anderson González González, quienes habrían coordinado la distribución de los proyectos.

El fallo sostiene que la red no solo buscaba beneficios económicos, sino también consolidar un proyecto político regional en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima. Para ello, se habrían entregado dádivas que alcanzarían los 1.000 millones de pesos, según la reconstrucción judicial.

Uno de los elementos centrales de la condena fue la declaración de Pablo César Herrera, quien afirmó que existió una reunión decisiva en la sede del DPS donde se habría pactado la contratación irregular. También señaló que Ramírez lo contactó cuando estaba privado de la libertad para pedirle que omitiera información ante las autoridades, un testimonio que fue valorado por la Corte dentro del conjunto probatorio.

El magistrado ponente Jorge Emilio Caldas negó la suspensión de la ejecución de la pena y rechazó el beneficio de prisión domiciliaria. En consecuencia, el senador deberá cumplir la condena en un centro carcelario, salvo que la decisión sea modificada en segunda instancia.

El fallo aún no está en firme. La defensa de Ramírez puede apelar ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la condena. Mientras tanto, la decisión marca un nuevo capítulo en el caso ‘las marionetas’, una investigación que expone la relación entre contratación pública y estructuras políticas regionales.