Bogotá, 23 de marzo de 2026 – La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó un nuevo Plan de Acción Específico para Providencia y Santa Catalina, con una inversión estimada de 1,3 billones de pesos, para corregir fallas de la reconstrucción ejecutada tras el huracán Iota de 2020. El director de la entidad, Carlos Carrillo, anunció que el documento ya fue concertado con el pueblo raizal y 26 sectores del Gobierno, y que solo falta la aprobación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para iniciar su ejecución.

El plan contempla 64 proyectos y 359 actividades divididas en dos fases, Recuperación Temprana, y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. Entre las obras priorizadas están la reparación de viviendas con problemas de diseño o construcción, la edificación de un hospital de nivel 2, un albergue definitivo, 100 viviendas de interés social, infraestructura educativa, cultural y deportiva, además de proyectos de acueducto, alcantarillado, recuperación de playas, transición energética y fortalecimiento de la pesca artesanal.

El anuncio oficial reconoce que la primera reconstrucción dejó obras inconclusas y deficiencias estructurales en un territorio que quedó devastado por Iota. Según los reportes oficiales citados en el informe, el huracán destruyó cerca del 98 por ciento de la infraestructura de Providencia el 16 de noviembre de 2020. A partir de entonces, se pusieron en marcha programas de recuperación que luego fueron cuestionados por retrasos, problemas de calidad en viviendas y deficiencias en el manejo de residuos y escombros.

La presentación del nuevo PAE ocurre además en un momento de alta sensibilidad sobre la UNGRD por los recientes escándalos de corrupción en otros contratos. Ese contexto ha elevado la exigencia de controles sobre el manejo de los recursos y sobre la transparencia del nuevo proceso. También influye la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar la participación efectiva del pueblo raizal en las decisiones sobre la reconstrucción del archipiélago.

La ejecución del plan dependerá ahora de la aprobación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Si ese paso se concreta, el Gobierno podrá abrir la fase contractual y comenzar una intervención que busca cerrar pendientes de vivienda, salud, saneamiento e infraestructura básica, mientras persisten la expectativa de la comunidad y las dudas por los antecedentes del proceso.