Quibdó, 23 de marzo de 2026 – La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció amenazas en su contra atribuidas al ELN luego del levantamiento de un paro armado en Bajo Baudó que confinó a más de 6.000 personas durante seis días. La mandataria rechazó como falsas las acusaciones del grupo armado, que la señaló en comunicados de supuestamente favorecer al Clan del Golfo en esa zona del departamento.
El paro fue decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN desde el 17 de marzo de 2026 y restringió por completo la movilidad fluvial en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa. Esa situación dejó aisladas a comunidades afrocolombianas e indígenas, afectadas por la falta de alimentos, agua potable, atención en salud y acceso a actividades como la pesca y la agricultura.
Tras el fin de la restricción armada, Córdoba sostuvo que los mensajes divulgados por el ELN constituyen amenazas directas contra su labor y contra las comunidades que han denunciado el confinamiento. También advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada del conflicto por la presencia de otros actores armados en el Chocó, entre ellos el Clan del Golfo y posibles disidencias de las antiguas Farc.
La Defensoría del Pueblo confirmó que más de 6.000 habitantes quedaron confinados durante el paro armado y reiteró que este tipo de acciones vulnera el Derecho Internacional Humanitario al afectar a la población civil y restringir bienes indispensables para su supervivencia. La entidad pidió al ELN y a los demás grupos armados cesar estas prácticas y respetar los derechos de las comunidades. En uno de sus pronunciamientos señaló que “el territorio no les pertenece, pertenece a las comunidades”.
Según autoridades locales, el levantamiento del paro permitió restablecer de forma gradual la movilidad por los ríos y abrió la posibilidad de ingreso de ayuda humanitaria. El Gobierno nacional informó que mantiene operaciones con más de 200 uniformados en el Bajo Baudó y en corredores fluviales de la zona para reforzar la seguridad y facilitar la asistencia.
El caso vuelve a mostrar la crisis humanitaria que enfrenta el Chocó por la disputa territorial entre grupos armados ilegales. En esta región, las comunidades quedan expuestas a confinamientos, amenazas y desabastecimiento en medio de controles sobre rutas estratégicas y economías ilícitas.
