Bogotá, 21 de marzo de 2026 – La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que una paciente afiliada a la Nueva EPS permanece hospitalizada desde hace más de dos semanas sin autorización para ser trasladada a un centro de mayor complejidad, pese a que el procedimiento fue solicitado este 3 de marzo por el equipo médico del Hospital María Auxiliadora de Mosquera.

La congresista hizo pública la situación hoy a través de su cuenta en X, donde calificó el caso como urgente y pidió una respuesta inmediata de la entidad. Según explicó en un video difundido en redes sociales, la paciente requiere atención especializada que el hospital actual no puede garantizar, y la demora administrativa podría agravar su estado de salud.

La denuncia se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios reportaron experiencias similares relacionadas con demoras en remisiones y autorizaciones de servicios de alta complejidad en distintas EPS.

El caso se produce en medio de la crisis que enfrenta la Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia de Salud desde 2024 por problemas financieros y operativos. La entidad concentra una parte significativa de la deuda del sistema con hospitales y clínicas, lo que ha generado alertas sobre su capacidad para responder oportunamente a las necesidades de los pacientes.

La situación también coincide con el debate por el Decreto 182 de 2026, con el que el Gobierno buscaba redistribuir afiliados entre EPS y trasladar millones de usuarios, una medida que fue suspendida provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La decisión se sustentó en dudas sobre la capacidad de la Nueva EPS para asumir un aumento masivo de afiliados sin afectar la prestación del servicio.

Pedraza, quien se ha opuesto a ese proceso, ha utilizado este caso para advertir sobre los riesgos de concentrar más usuarios en una entidad que, según sostiene, ya presenta fallas en la atención. La congresista ha insistido en que situaciones como esta evidencian problemas estructurales del sistema de salud y requieren respuestas inmediatas de las autoridades.

En Colombia, las EPS tienen la obligación de garantizar las remisiones cuando un paciente necesita atención de mayor complejidad. La demora injustificada en estos procesos puede vulnerar el derecho fundamental a la salud y derivar en acciones legales o sanciones por parte de los organismos de control.