Santiago, 16 de marzo de 2026 – El presidente de Chile, José Antonio Kast, viaja este lunes a la región de Arica y Parinacota para iniciar oficialmente las obras del llamado “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia del nuevo gobierno que contempla la construcción de zanjas y muros en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de migrantes.

El despliegue comienza en el límite con Perú, en las cercanías del complejo fronterizo de Chacalluta, donde maquinaria pesada y personal militar ya realizan las primeras excavaciones en sectores considerados críticos por el paso de migrantes. El plan prevé zanjas de hasta tres metros de profundidad y barreras o vallas de aproximadamente cinco metros de altura, equipadas con sensores, cámaras y drones de vigilancia.

La iniciativa constituye la primera gran medida del gobierno de Kast en materia migratoria y de seguridad fronteriza. El proyecto contempla intervenir cerca de 500 kilómetros en distintos segmentos de la frontera con Perú y Bolivia, combinando infraestructura física, vigilancia tecnológica y mayor presencia militar.

Durante la jornada, el mandatario tiene previsto visitar la Base Militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas, y luego trasladarse a Chacalluta para supervisar el inicio de las obras. Según información difundida por medios chilenos y peruanos, retroexcavadoras, camiones y vehículos del Ejército ya operan en la zona como parte de las primeras acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Obras Públicas.

En paralelo, el gobierno convocó a la primera reunión del comité de seguridad de la nueva administración, integrado por los ministros de Interior, Seguridad, Defensa y Justicia, con el objetivo de coordinar la implementación del plan y avanzar en cambios legales anunciados en los primeros días de gestión.

Entre las primeras decisiones del Ejecutivo figuran seis decretos firmados por Kast, tres de ellos vinculados a migración. Uno instruye al Ejército a construir barreras físicas en la frontera, mientras otro anticipa el envío de un proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, con penas de presidio menor.

El despliegue también contempla la duplicación del contingente militar en sectores cercanos a la frontera norte y la instalación progresiva de un sistema de vigilancia con drones, sensores de movimiento y torres de observación.

La medida se implementa en un contexto de creciente presión migratoria en el norte del país. Según cifras citadas por el gobierno y medios locales, hacia 2025 se estimaba la presencia de unos 337.000 extranjeros en situación irregular en Chile, muchos de los cuales habrían ingresado por pasos no habilitados en las fronteras con Perú y Bolivia.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración han cuestionado el plan y advierten que las barreras físicas podrían empujar a los migrantes hacia rutas más peligrosas y fortalecer las redes de tráfico de personas. También han expresado preocupación por la posible criminalización de la migración irregular y por las implicaciones del despliegue militar en la zona fronteriza.

La construcción de zanjas y muros en el límite con Perú también podría tener repercusiones diplomáticas, debido a la sensibilidad histórica de esa frontera y a la intensa relación económica y social entre las ciudades de Tacna y Arica. Entretanto, el gobierno defiende la iniciativa como una herramienta central para reforzar el control territorial y responder a una de las principales promesas de campaña del nuevo presidente.