EN SÍNTESIS

La Procuraduría General de la Nación, adelanta 38 procesos disciplinarios contra funcionarios públicos por presunta participación indebida en política a pocos días de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026. El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, informó que los expedientes involucran gobernadores, alcaldes, congresistas y otros servidores que habrían intervenido en campañas, promovido candidaturas o usado recursos públicos con fines proselitistas. Las investigaciones se originan en denuncias ciudadanas, alertas de partidos y reportes de veedurías. Paralelamente, la entidad emitió directivas y campañas pedagógicas para recordar las prohibiciones legales que obligan a los servidores públicos a mantener neutralidad institucional durante el proceso electoral.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 3 de marzo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación decidió hacer visible que mantiene abiertas 38 investigaciones disciplinarias por presunta participación indebida en política de servidores públicos, en la recta final hacia las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026. El anuncio fue hecho por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en espacios institucionales dedicados a las garantías electorales, donde explicó que los expedientes abarcan distintos niveles de la administración pública.

Según la entidad, entre los investigados hay gobernadores, alcaldes, congresistas y otros funcionarios que habrían intervenido en campañas o favorecido candidaturas desde sus cargos. Las conductas bajo examen incluyen participación en actos proselitistas durante eventos oficiales, promoción pública de candidatos o el uso de bienes y recursos del Estado para actividades electorales, prácticas que el régimen disciplinario colombiano prohíbe para garantizar la neutralidad institucional.

La Procuraduría no ha revelado detalles específicos de los expedientes debido a la reserva procesal, pero indicó que varias investigaciones se originaron en denuncias ciudadanas, alertas de partidos políticos y reportes de veedurías. En algunos casos, las quejas señalan presiones a subordinados o beneficiarios de programas estatales para respaldar campañas, así como el uso de instalaciones, vehículos u otros recursos oficiales en actividades políticas.

Eljach dio a conocer la cifra de investigaciones en escenarios como el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, parte de la estrategia institucional que el Ministerio Público ha denominado de “paz electoral”. En ese contexto, el procurador anticipó que en los próximos días podrían adoptarse medidas cautelares dentro de algunos procesos, aunque evitó precisar cuántos expedientes se encuentran en etapas avanzadas.

Paralelamente, la Procuraduría ha intensificado una campaña pedagógica dirigida a los servidores públicos para recordar los límites que establece la ley. A través de directivas y piezas informativas, la entidad insiste en que los funcionarios pueden ejercer derechos como votar o afiliarse a partidos, pero no utilizar su cargo para influir en la contienda electoral ni presionar a particulares o subordinados para respaldar candidaturas.

Esta línea de actuación se remonta a 2025, cuando el procurador Eljach expidió la Directiva 013, un documento que compiló las principales prohibiciones disciplinarias relacionadas con la participación en política de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas. A partir de esa directiva, la entidad desplegó campañas informativas y espacios institucionales para explicar las restricciones legales de cara al ciclo electoral de 2026.

El control disciplinario sobre la participación en política ha sido históricamente uno de los ámbitos más sensibles de la Procuraduría. La entidad tiene competencia para investigar y sancionar a servidores públicos que utilicen su cargo para intervenir en campañas, con sanciones que pueden incluir suspensión, destitución o inhabilidad. Cuando las decisiones afectan a funcionarios elegidos por voto popular, el tema suele generar controversia por su impacto político.

En el fondo del debate está la tensión entre dos principios. Por un lado, el derecho de los funcionarios a tener posiciones políticas. Por otro, el deber de neutralidad institucional que busca proteger la igualdad de condiciones entre candidatos. En contextos electorales, la preocupación central es que el poder territorial, alcaldías, gobernaciones, entidades públicas o redes de contratistas, pueda convertirse en un instrumento para favorecer determinadas campañas.

Lea también: Procuraduría y Registraduría buscan calmar la tormenta sobre el software electoral

El anuncio de los 38 procesos ocurre además en un clima de fuerte polarización política y de advertencias sobre riesgos electorales, que incluyen denuncias de compra de votos, cuestionamientos a la organización del proceso y preocupaciones sobre violencia en algunas regiones. En ese escenario, la Procuraduría intenta proyectar una imagen de vigilancia institucional sobre el uso del aparato estatal durante la contienda.

Las decisiones que adopte la entidad en los próximos días serán un primer indicador de hasta dónde está dispuesta a intervenir en medio del calendario electoral. Si algunos expedientes avanzan hacia suspensiones o sanciones tempranas, podrían incidir directamente en la actuación de autoridades territoriales durante la jornada electoral. Al mismo tiempo, el manejo de estos procesos determinará si la Procuraduría logra consolidar su papel como árbitro disciplinario del proceso o si sus actuaciones terminan alimentando nuevas disputas políticas sobre la neutralidad de las instituciones.