EN SÍNTESIS
El presidente Gustavo Petro promulgó en Popayán la Ley 2568 de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y modifica el sistema de financiación de las instituciones de educación superior públicas. La norma reemplaza el ajuste anual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado para reflejar los costos reales del sector. Además, establece incrementos adicionales ligados al crecimiento del PIB y fija la meta de que la inversión pública en educación superior alcance al menos el 1% del PIB en el mediano plazo. Según el Ministerio de Educación, el impacto fiscal estimado entre 2027 y 2040 ronda los 18,7 billones de pesos.
EN PROFUNDIDAD
Bogotá, 3 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro sancionó en Popayán la Ley 2568 de 2026, una reforma que modifica el modelo de financiación de la educación superior pública al cambiar el mecanismo con el que se actualizan los recursos que reciben las universidades estatales. El acto de promulgación se realizó en la Universidad del Cauca y fue presentado por el Gobierno como un paso para corregir el desfinanciamiento acumulado del sistema.
La reforma modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la norma que durante más de tres décadas definió el marco general de la educación superior en el país. Hasta ahora, los aportes de funcionamiento que la Nación transfiere a las universidades públicas se ajustaban anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el indicador que mide la inflación general de la economía.
El nuevo esquema reemplaza ese mecanismo por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador sectorial diseñado para reflejar el comportamiento de los gastos propios del sistema universitario. Este índice incorpora variables como salarios docentes, insumos académicos, tecnología, servicios y mantenimiento de infraestructura, que históricamente han crecido a un ritmo diferente al de la inflación general.
A partir de la entrada en vigor de la ley, las transferencias de la Nación a las instituciones de educación superior públicas se incrementarán cada año con base en el ICES o, en su defecto, el IPC. El objetivo es que el ajuste anual se acerque más al costo real de operar universidades, centros de investigación y programas académicos.
La norma también introduce un segundo componente de financiación. El Gobierno deberá aumentar cada año las transferencias adicionales en un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). Estos recursos no se incorporan a la base presupuestal permanente de las universidades, pero sí se suman a su financiación anual.
En paralelo, la ley establece una meta de política pública. Elevar de forma progresiva la inversión en educación superior pública hasta alcanzar al menos el 1% del PIB. El Ministerio de Educación calcula que el impacto fiscal de este cambio ascenderá a aproximadamente 18,7 billones de pesos entre 2027 y 2040.
Según el Gobierno, los nuevos recursos se destinarán a ampliar la cobertura universitaria, fortalecer la calidad académica, mejorar la infraestructura física y tecnológica y formalizar parte del personal docente y administrativo que actualmente trabaja bajo esquemas contractuales temporales.
Durante el acto de promulgación, Petro defendió la reforma como una apuesta estructural para el desarrollo social del país. El mandatario afirmó que la educación superior pública es “el cemento de la paz” y sostuvo que el fortalecimiento de las universidades es clave para construir una nación que aproveche su diversidad y base su crecimiento en el conocimiento.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, señaló que la ley busca corregir lo que el Gobierno describe como un desfinanciamiento histórico del sistema universitario. Según el ministro, el nuevo modelo permitirá destinar “recursos históricos” para que el acceso a la universidad pública no dependa de la capacidad de endeudamiento de los estudiantes.
LOS CONFLICTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO: La reforma responde a una discusión que lleva décadas en el sistema educativo colombiano. Rectores, académicos y organizaciones estudiantiles habían advertido que el mecanismo de indexación al IPC generaba un desfase creciente entre los recursos que recibían las universidades y los costos reales de funcionamiento. Ese diagnóstico fue uno de los ejes de las movilizaciones estudiantiles registradas en el país en 2011 y 2018.
El proyecto de reforma comenzó a tramitarse durante el actual gobierno. En 2025 el Congreso aprobó los cambios a la Ley 30 tras varios debates legislativos en los que se consolidó la idea de reemplazar el IPC por un índice sectorial y vincular el crecimiento de los recursos al desempeño de la economía.
El Ministerio de Educación desarrolló en paralelo el ICES como indicador técnico para medir los costos del sistema. El diseño del índice se realizó con participación de rectores y expertos del sector, y forma parte de una política más amplia que incluye la gratuidad en la matrícula para estudiantes de bajos y medianos ingresos en universidades públicas.
Universidades públicas y organizaciones estudiantiles han valorado el cambio de modelo, aunque advierten que el reto inmediato será la reglamentación de la ley y la ejecución efectiva de los recursos. También han planteado la necesidad de mecanismos de seguimiento y veeduría para garantizar que los nuevos fondos se traduzcan en mejoras reales en cobertura, permanencia y calidad.
El punto decisivo ahora está en la implementación. El Ministerio de Educación deberá definir cómo se calculará anualmente el ICES, cómo se distribuirán los nuevos recursos entre instituciones y qué criterios se aplicarán para cerrar brechas entre universidades regionales y centros académicos con mayor capacidad instalada. De esa etapa dependerá si el nuevo esquema logra traducirse en una transformación efectiva del sistema público de educación superior.
