EN SÍNTESIS

La Presidencia, a través de Andrés Camilo Hernández, exige una rectificación formal a la revista Semana por una publicación que vinculó casi 23.000 millones de pesos en contratos de RTVC con pagos a un maquillador y un fotógrafo asociados a Verónica Alcocer. Tras comunicados oficiales, la revista aclaró que esa suma corresponde al total de contratos entre RTVC y la cooperativa SAVI entre 2022 y 2025, y no a pagos individuales. Aunque actualizó su nota digital y publicó una aclaración impresa, Hernández sostiene que procede una rectificación en los mismos términos y canales de la acusación original, invocando el artículo 20 de la Constitución.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 21 de febrero de 2026 – La controversia ya no gira únicamente en torno a una cifra, sino al estándar de responsabilidad informativa cuando un titular instala una interpretación que luego es matizada por los propios datos publicados. El cruce entre la Presidencia y Semana pone en el centro la diferencia entre aclarar y rectificar, y hasta qué punto un medio debe reconocer un error cuando la información inicial pierde sustento frente a documentos oficiales.

La secuencia comenzó a mediados de febrero, cuando Semana publicó que RTVC había confirmado contratos por casi 23.000 millones de pesos que “incluyen” a un maquillador y a un fotógrafo que, según denuncias, estaban a órdenes de Verónica Alcocer. La nota se apoyaba en señalamientos del abogado Juan Carlos Portilla y en respuestas de RTVC sobre contratos interadministrativos con la cooperativa Soluciones de Audio y Video, SAVI, entre 2022 y 2025. En el desarrollo, la suma global de esos contratos fue presentada como el volumen de recursos asociados a los servicios de imagen de esas dos personas.

En contexto: RTVC habría dado contratos millonarios a maquillista y fotógrafo de Verónica Alcocer

La cifra, que corresponde a varios contratos suscritos en distintos años por valores de 1.214 millones, 1.921 millones, 5.549 millones, 8.000 millones y 3.976 millones de pesos, sumaba alrededor de 23.000 millones. En la lectura inicial, ese monto quedó vinculado en el titular y en el enfoque de la historia a los servicios del fotógrafo Mauricio Vélez y del maquillador Fady Javier Flórez.

RTVC y la Casa de Nariño respondieron con comunicados en los que precisaron que la relación contractual es entre la entidad pública y la cooperativa SAVI, y que los casi 23.000 millones corresponden al total de la contratación para la producción y transmisión de productos audiovisuales del Departamento Administrativo de la Presidencia durante varios años. Dentro de esos contratos, indicaron, se pagan honorarios a distintos profesionales, incluidos Vélez y Flórez, cuyos ingresos mensuales serían de 25 millones y 10 millones de pesos respectivamente.

ACLARACIÓN DE SEMANA: La revista actualizó su nota digital, publicó los valores oficiales de los honorarios y reconoció que los datos aportados por el denunciante “no eran ciertos” en los términos en que se presentaron inicialmente. También aclaró que ni el fotógrafo ni el maquillador han estado en nómina directa de Presidencia ni tienen contratos con vigencia indefinida. En la edición impresa 2273 incluyó una pieza titulada “Aclaración sobre contratos de RTVC y SAVI”, en la que explicó los ajustes realizados.

SOLICITÉ UNA RECTIFICACIÓN: Para Andrés Camilo Hernández, coordinador del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales de Presidencia, esa respuesta no satisface el estándar constitucional. En oficios y mensajes públicos, sostuvo que no solicitó una simple aclaración sino una rectificación en las mismas formas y canales de la publicación original, con igual despliegue en web, redes e impreso. Su argumento se apoya en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de informar pero también el derecho a recibir información veraz e imparcial y a exigir rectificación cuando se difundan datos inexactos.

El trasfondo del caso remite a dos debates más amplios. Por un lado, la contratación histórica de RTVC con SAVI, cooperativa integrada por extrabajadores de Inravisión que ha prestado servicios audiovisuales a distintas administraciones desde mediados de la década de 2000. RTVC y la defensa de SAVI han subrayado que se trata de un esquema previo a la actual Presidencia y que cubre equipos y servicios técnicos integrales, no exclusivamente labores de imagen personal.

Por otro lado, la disputa se inscribe en una relación tensa entre el gobierno de Gustavo Petro y Semana, marcada por acusaciones cruzadas de sesgo y desinformación. Las investigaciones sobre gastos asociados a la imagen de la primera dama han sido utilizadas por sectores opositores como argumento de crítica, mientras el Ejecutivo denuncia que ciertas coberturas instalan narrativas que luego no se sostienen en los documentos.

La decisión que adopte Semana frente a la exigencia de rectificación, y la eventual respuesta judicial si la Presidencia acude a una tutela, definirá si la controversia se limita a un intercambio de comunicados o se convierte en un precedente sobre cómo se aplica el derecho de rectificación en casos donde una denuncia inicial resulta parcialmente desvirtuada por información oficial posterior. Lo que está en juego es el alcance de la corrección cuando el énfasis de un titular altera la lectura de cifras que, aisladas de su contexto contractual, adquieren un significado distinto.