EN SÍNTESIS

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un cese al fuego unilateral para las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 en Colombia. La guerrilla dice que suspende sus operaciones militares ofensivas durante la jornada para que la población vote “libremente” o se abstenga sin acciones armadas de su parte. En su comunicado, presentado como continuidad de treguas electorales en los últimos cuatro gobiernos, el ELN también cuestiona la capacidad de las elecciones para resolver problemas estructurales, critica la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro y reafirma su propuesta de un “acuerdo nacional” con el próximo mandatario y el Congreso 2026–2030.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 22 de febrero de 2026 – Más que una señal de desescalamiento, el anuncio funciona como una intervención política del ELN en pleno ciclo electoral. La guerrilla no solo promete contenerse durante la jornada del 8 de marzo, también busca fijar un marco de interpretación. Si la prioridad pública es la seguridad de votantes y autoridades en regiones donde tiene influencia, la prioridad del ELN es presentarse como actor con capacidad de “regular” la violencia cuando le conviene y, al mismo tiempo, disputar el sentido de la contienda democrática.

La decisión es unilateral y eso marca el primer límite. No hay un acuerdo formal con el Gobierno ni un mecanismo pactado de verificación, lo que desplaza el debate hacia dos preguntas prácticas. Qué significa “operaciones ofensivas” en un territorio donde la coerción no siempre toma forma de combate abierto, y quién certifica el cumplimiento en zonas donde la información suele llegar filtrada por miedo, aislamiento o control social armado. En esa ambigüedad se juega buena parte del impacto real del anuncio.

El ELN presenta la tregua como parte de una “política” repetida durante procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos. Ese encuadre intenta normalizar la medida como un patrón y no como una concesión a Petro, precisamente cuando la guerrilla subraya su distancia con la “paz total”. El mensaje implícito es doble. Puede bajar el nivel de hostilidades por decisión propia y no por presión institucional, y no se siente obligada a validar la estrategia de un gobierno al que acusa de haber convertido su promesa de negociación en una ruta sin resultados.

El antecedente más claro es 2018, cuando el ELN decretó ceses unilaterales para elecciones legislativas y para la segunda vuelta presidencial. Aquellas treguas fueron acotadas, de corta duración y cargadas de lectura política. La organización combinó la suspensión temporal de acciones armadas con discursos sobre el rumbo del país y, en momentos, con tomas de posición frente a candidaturas. Esa experiencia dejó una enseñanza para el Estado y para la opinión pública. Un cese electoral puede reducir riesgos puntuales, pero no equivale a un control estable de la violencia ni a un compromiso sostenido.

La coyuntura de 2026 añade una capa más. Tras el inicio de la mesa con Petro y los intentos de ceses bilaterales, sectores del ELN han insistido en que no ven condiciones para una paz firmada durante este mandato. La estructura federada de la guerrilla, con frentes de autonomía operativa y política, vuelve más frágil cualquier promesa general, sobre todo cuando existen economías ilegales y disputas territoriales que empujan a la confrontación. Por eso, el cese electoral puede leerse como un gesto útil para la jornada, pero también como una forma de no entregar el control de la iniciativa a la mesa de negociación.

El comunicado es revelador en otra dimensión. El ELN no se limita a anunciar una pausa en el uso de la fuerza, aprovecha para deslegitimar la expectativa de que el voto cambie por sí mismo las condiciones de inequidad y violencia. Ese argumento le sirve para sostener una tesis constante. La democracia electoral, tal como funciona, no resuelve el fondo del conflicto. Al instalar esa idea el día que promete no atacar, la guerrilla intenta presentarse como garante parcial del derecho a votar mientras cuestiona el valor transformador del acto electoral.

De ahí que el texto insista en un “acuerdo nacional” y que lo proyecte hacia el próximo presidente y el Congreso 2026–2030. La propuesta aparece menos como una invitación abstracta y más como una redefinición del interlocutor. El ELN sugiere que su horizonte de negociación excede al gobierno actual y que su apuesta pasa por conversar con el “país político” que salga de las urnas, no solo con una administración en particular.

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La reacción del Ejecutivo y de las autoridades electorales será clave, tanto por lo que digan como por el énfasis que elijan. Si el Gobierno lo presenta como resultado indirecto de la “paz total”, chocará con la intención del ELN de atribuirse el gesto como decisión soberana. Si lo minimiza, corre el riesgo de restar valor a una señal que podría incidir en la tranquilidad de la jornada.

La prueba más dura está en los territorios. El cumplimiento o los incumplimientos, incluso los atribuidos a frentes específicos, se convertirán en munición para la campaña. Un 8 de marzo con reducción verificable de hostilidades reforzaría el relato del ELN de que puede contenerse “por el pueblo” y empujar su idea de negociar con el nuevo poder legislativo. Una jornada con hechos graves pondría en primer plano la pregunta que atraviesa toda esta historia, si la guerrilla puede comprometerse como organización nacional o si su fragmentación termina imponiéndose sobre cualquier anuncio.