EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro presenta las nuevas máquinas de la Imprenta Nacional para producir pasaportes en Colombia y propone que también fabrique las cédulas de ciudadanía, hoy bajo contratación privada. El nuevo modelo empezará a operar plenamente desde el 1 de abril de 2026, según la Cancillería. Petro afirma que así el Estado recupera el control de documentos y bases de datos estratégicas, reduce riesgos de fraude y rompe la dependencia de empresas como Thomas Greg & Sons. El anuncio ocurre en medio de tensiones con la Registraduría por el software electoral y los formularios E-14.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 21 de febrero de 2026 – El anuncio del presidente Gustavo Petro no se limita a un cambio técnico en la producción de pasaportes. Reconfigura el dilema de fondo sobre quién controla la infraestructura documental y los datos de los ciudadanos en Colombia. Al presentar las nuevas máquinas de la Imprenta Nacional y exhibir el nuevo pasaporte producido íntegramente en el país, el mandatario ligó la decisión a un objetivo político más amplio, que el Estado asuma directamente la fabricación de documentos estratégicos y reduzca la participación de privados en esa cadena.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que el nuevo esquema entrará en operación plena desde el 1 de abril de 2026. Según el Gobierno, la Imprenta Nacional ya cuenta con equipos de alta tecnología para la producción y personalización de las libretas, lo que permitiría cerrar una etapa marcada por la controversia contractual con Thomas Greg & Sons. Petro sostuvo en medios públicos que, si la Registraduría lo decide, esas mismas capacidades podrían extenderse a la fabricación de cédulas “ultra modernas”, con el argumento de que los datos dejarían de estar en manos de particulares y se reducirían riesgos de suplantación y manipulación.

EL CONFLICTO CON THOMAS GREG Y LEYVA: El movimiento se inscribe en una crisis que comenzó en 2023, cuando la Cancillería declaró desierta una licitación cercana a 600.000 millones de pesos para pasaportes y prorrogó el contrato con Thomas Greg bajo urgencia manifiesta. Esa decisión derivó en sanciones disciplinarias contra el entonces canciller Álvaro Leyva y abrió un pulso institucional que se prolongó durante 2024 y 2025, con intentos fallidos de nueva licitación, prórrogas transitorias y advertencias de organismos de control.

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La tensión alcanzó otro punto de quiebre en 2025, cuando el Gobierno intentó estructurar un convenio internacional para garantizar la continuidad del servicio mientras desmontaba la dependencia del contratista histórico. La disputa interna en la Cancillería y la falta de claridad sobre quién produciría las cerca de 8.000 libretas diarias que demanda el país terminaron en cambios en la conducción del ministerio y aceleraron la decisión de trasladar la producción a la Imprenta Nacional.

La discusión trasciende el contrato de pasaportes. Desde 2025, Petro ha cuestionado la concentración de funciones en Thomas Greg & Sons, que participa también en uniones temporales encargadas de logística electoral y componentes de software de preconteo. El mandatario ha vinculado esa doble presencia con un riesgo potencial para la transparencia de los comicios, especialmente tras la polémica por los formularios E-14 y la auditoría del sistema informático de escrutinio.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano autónomo encargado de la organización electoral y de la expedición de cédulas, no depende del Ejecutivo para definir su modelo de contratación. Por eso, la propuesta presidencial de trasladar la producción de cédulas a la Imprenta Nacional supone un eventual rediseño institucional que requeriría decisiones propias de la autoridad electoral y ajustes contractuales y tecnológicos de gran alcance.

En el trasfondo hay una controversia estructural sobre soberanía tecnológica y tercerización. Durante décadas, Colombia ha delegado en empresas especializadas la impresión segura y personalización de documentos, bajo el argumento de eficiencia y experiencia técnica. El Gobierno Petro plantea que esa externalización genera dependencia y concentra información sensible en manos privadas, mientras que sus críticos advierten sobre los riesgos de improvisación, sobrecostos o fallas operativas en una transición acelerada.

La Contraloría ha alertado sobre posibles desajustes entre la producción mínima anual comprometida y la demanda real de pasaportes, así como sobre el impacto financiero de la nueva estructura. El éxito del modelo estatal dependerá de que la Imprenta cumpla estándares internacionales de seguridad, mantenga tiempos de entrega y evite cuellos de botella en la expedición.

La decisión que adopte el registrador frente a la propuesta de fabricar cédulas en la Imprenta será determinante para el alcance de esta transformación. Si la autoridad electoral mantiene el esquema actual, el pulso político podría trasladarse al debate público y a instancias de control. Si, por el contrario, avala el cambio, Colombia entraría en una etapa en la que los principales documentos de identidad quedarían bajo producción directa del Estado, con efectos sobre la arquitectura contractual y tecnológica que ha regido el sistema durante décadas.