EN SÍNTESIS
El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano, que comenzará a expedirse el 1 de abril de 2026 cuando finalice el contrato vigente de producción. El documento será fabricado en su totalidad por la Imprenta Nacional de Colombia e incorpora hoja de datos en policarbonato, chip biométrico y medidas antifalsificación alineadas con estándares internacionales. La Cancillería informó que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento y que la expedición se hará de manera gradual en 37 puntos del país y en consulados. El Gobierno sostiene que el modelo ya superó certificaciones técnicas y que reforzará la seguridad documental y el control estatal de datos.
EN PROFUNDIDAD
Bogotá, 19 de febrero de 2026 – El anuncio del nuevo pasaporte no se limita a un cambio de diseño. Marca un giro en la política de producción de documentos oficiales y en el manejo de información sensible de los ciudadanos. La decisión de que la Imprenta Nacional asuma la fabricación total del documento responde a una línea que el presidente ha defendido desde el inicio de su mandato, reducir la dependencia del Estado frente a proveedores privados en áreas estratégicas.
La fecha fijada, 1 de abril de 2026, coincide con el cierre del contrato vigente de producción. Hasta ahora, la elaboración del pasaporte colombiano ha estado vinculada a empresas privadas especializadas en impresión de alta seguridad, entre ellas Thomas Greg & Sons, que participaban en componentes clave del documento y en procesos asociados a bases de datos. Petro cuestionó en distintos escenarios esa estructura contractual y planteó que la información ciudadana debía estar bajo control directo del Estado.
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La transición fue presentada como parte de una estrategia de soberanía tecnológica y protección de datos personales. En 2024 y 2025, el Gobierno avanzó en la adquisición de equipos y sistemas que permiten producir documentos con estándares internacionales, incluyendo hoja de datos en policarbonato, personalización biométrica y chip electrónico. Según el Ejecutivo, el nuevo pasaporte ya superó las pruebas y certificaciones exigidas por instancias técnicas internacionales, entre ellas las reglas de la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo que fija parámetros globales para documentos de viaje.
El mandatario aseguró que el modelo colombiano se ubicaría entre los cuatro más seguros del mundo en términos de tecnología y medidas antifalsificación. Más allá de esa afirmación, el énfasis oficial está en la reducción del riesgo de fraude y en la alineación con sistemas migratorios cada vez más exigentes, incluidos los mecanismos biométricos que varios países están fortaleciendo para el ingreso de viajeros.
La Cancillería precisó que los pasaportes vigentes no deberán ser reemplazados antes de su vencimiento. Mantendrán la validez de diez años que ya tienen impresa. La expedición del nuevo formato será gradual en 37 puntos habilitados dentro del país, entre ellos sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Leticia, Tunja y Manizales, además de gobernaciones departamentales. En el exterior, el trámite continuará en los consulados, bajo los procedimientos habituales de cada oficina.
El rediseño también tiene un componente simbólico. Durante la presentación en la Plaza de Bolívar, Petro mostró una libreta con mariposas amarillas, paisajes y escenas de la diversidad cultural colombiana. El mensaje buscó vincular seguridad documental con identidad nacional, proyectando una imagen de país moderno y plural ante la comunidad internacional.
EL DILEMA DE LOS DATOS: En paralelo, el presidente anunció el traslado de bases de datos desde empresas privadas hacia la Imprenta Nacional. Esa decisión conecta el debate del pasaporte con discusiones más amplias sobre transparencia electoral y manejo de información ciudadana. Para el Gobierno, centralizar estos sistemas en una entidad estatal reduce riesgos y fortalece la confianza institucional. Para sus críticos, el cambio abre interrogantes sobre la capacidad técnica y operativa del Estado para asumir procesos de alta complejidad sin afectar la continuidad del servicio.
La implementación será la primera prueba concreta de esa apuesta. La capacidad de la Imprenta Nacional para producir sin interrupciones, responder a la demanda y mantener estándares de seguridad comparables a los actuales definirá la percepción pública del cambio. Si el nuevo modelo se consolida sin tropiezos, la entidad podría ampliar su rol en otros documentos oficiales y profundizar la estrategia de control estatal sobre datos sensibles. Si surgen fallas logísticas o técnicas, el debate sobre la ruptura con proveedores privados volverá al centro de la discusión política.
