EN SÍNTESIS

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, reactiva la vía de cooperación judicial con Venezuela y considera vigente el tratado de extradición firmado en 1922 para solicitar la entrega de altos cuadros del chavismo. Según reveló el periodista David Alandete en declaraciones difundidas a la prensa, Washington prioriza alrededor de nueve casos en cortes federales por corrupción, crimen organizado y lavado de activos, con el empresario colombiano Alex Saab en el centro. La movida ocurre pese a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales y reabre el debate sobre el alcance del indulto otorgado a Saab en 2023.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 20 de febrero de 2026 – La decisión de Washington de volver a apoyarse en el tratado de extradición de 1922 con Venezuela no es un gesto simbólico, sino una señal de que la presión sobre el chavismo se desplaza hacia el terreno judicial. La Casa Blanca apuesta a convertir los expedientes penales abiertos en cortes federales en instrumentos de presión política, en un momento en que las sanciones económicas han mostrado límites y la relación diplomática sigue fracturada.

El punto de partida es la vigencia formal del tratado suscrito en Caracas el 19 de enero de 1922 y ratificado en 1923. De acuerdo con las declaraciones del periodista, Estados Unidos sostiene que ese instrumento sigue activo y permite solicitar la entrega de acusados por delitos comunes, con exclusión expresa de los delitos políticos. El texto no obliga a extraditar nacionales, pero tampoco invalida la posibilidad de presentar solicitudes formales. Esa interpretación abre un frente jurídico que inevitablemente chocará con el artículo 69 de la Constitución venezolana de 1999, que prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

En esa tensión normativa se inserta la lista de alrededor de nueve figuras priorizadas por fiscales estadounidenses en causas vinculadas a corrupción, lavado de dinero y presuntos vínculos con redes criminales transnacionales. Entre ellas destaca Alex Saab, empresario colombiano señalado por el Departamento de Justicia de liderar una red que habría desviado cerca de 350 millones de dólares mediante sobornos y sobreprecios entre 2011 y 2015, utilizando el sistema financiero estadounidense.

Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde a partir de una notificación roja de Interpol solicitada por Estados Unidos. Tras una disputa judicial en la que su defensa alegó inmunidad diplomática como “enviado especial” de Nicolás Maduro, el Tribunal Constitucional caboverdiano autorizó su extradición. El 16 de octubre de 2021 fue trasladado a Miami y procesado por lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. Un juez federal rechazó su pretensión de inmunidad y dio curso al juicio.

En contexto: Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela

Su liberación en diciembre de 2023, en el marco de un canje de prisioneros impulsado por la administración de Joe Biden, alteró el tablero. El acuerdo incluyó la excarcelación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y de presos políticos venezolanos. El documento de clemencia estableció restricciones para que Saab no regresara a territorio estadounidense y contempló la renuncia a bienes incautados. Sin embargo, el indulto no eliminó el interés de sectores del aparato judicial e inteligencia en la información que el empresario podría aportar sobre esquemas financieros vinculados al gobierno de Maduro.

La reactivación de la vía extradicional sugiere que Washington explora márgenes legales para volver a situarlo bajo jurisdicción estadounidense o, al menos, para formalizar solicitudes que expongan la negativa de Caracas a cooperar. Más que una expectativa inmediata de entrega, el movimiento parece orientado a fijar posición jurídica y acumular presión internacional.

El trasfondo es una estrategia más amplia que ha buscado describir al poder venezolano como estructura de crimen organizado. En los últimos años, fiscales federales han presentado acusaciones por narcotráfico contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y se han impulsado demandas civiles en cortes estadounidenses que alegan daños derivados de redes ilícitas. En ese esquema, figuras como Saab no solo son acusados, sino potenciales depositarios de información clave sobre rutas de oro, alimentos, combustibles y mecanismos de evasión de sanciones con apoyo de actores externos.

Lea también: URGENTE: EE. UU. anuncia la captura de Nicolás Maduro

Para Caracas, cualquier solicitud basada en el tratado de 1922 implicará un dilema político y constitucional. Aceptarla significaría sentar un precedente de cooperación con una justicia que el oficialismo ha denunciado como instrumento de presión. Rechazarla consolidaría la narrativa estadounidense de falta de colaboración frente a delitos transnacionales.

La incógnita más inmediata se concentra en cómo reaccionará el entorno de Maduro ante pedidos formales que podrían llegar en los próximos meses. Si la respuesta es un cierre total, Washington tendrá argumentos para profundizar causas y buscar capturas en terceros países. Si, en cambio, se abre algún canal de cooperación indirecta, el tratado de 1922 pasará de ser una reliquia jurídica a convertirse en una pieza activa de negociación política, con efectos que exceden el caso Saab y alcanzan al núcleo financiero del chavismo.