EN SÍNTESIS

El ministro del Interior, Armando Benedetti, convoca en Santa Marta a la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales con el propósito de coordinar con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral acciones que fortalezcan la transparencia del proceso. En la reunión participan partidos políticos y órganos de control para revisar el formulario E-14, el software de conteo, las auditorías al sistema y el papel de los testigos electorales. El encuentro responde a cuestionamientos sobre la integridad del escrutinio y busca consolidar compromisos técnicos y operativos que reduzcan tensiones y refuercen la confianza institucional.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 20 de Febrero de 2026 – La reunión convocada en Santa Marta se proyecta como un gesto de concertación en un momento de sensibilidad política. El Gobierno y la Registraduría Nacional optan por procesar las inquietudes sobre el conteo mediante un espacio institucional de diálogo, con la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales como escenario para alinear posiciones y despejar dudas técnicas.

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El Ministerio del Interior asume un rol de mediador entre la autoridad operativa de las elecciones y las fuerzas políticas que compiten en ellas. La Registraduría, encargada de la logística y consolidación de resultados, llega a la mesa con la responsabilidad de explicar procedimientos y controles. El Consejo Nacional Electoral, en su función de vigilancia, participa para asegurar que cualquier ajuste se enmarque en las reglas vigentes. Los órganos de control completan el cuadro institucional con una función preventiva.

El eje de la conversación gira en torno al formulario E-14, documento que recoge los resultados de cada mesa y que suele convertirse en foco de controversia cuando aparecen errores de transcripción o inconsistencias. En procesos anteriores, esas fallas han alimentado sospechas, aun cuando los escrutinios posteriores corrigen buena parte de los problemas. La decisión de revisar su manejo y pedagogía en un espacio conjunto apunta a reducir márgenes de interpretación y fortalecer la transparencia desde el primer registro.

Otro punto central es el software de conteo. Las autoridades electorales han defendido sus mecanismos de seguridad y auditoría, pero partidos y campañas han solicitado mayor acceso a información técnica y garantías adicionales. Su alcance, oportunidad y publicidad inciden directamente en la percepción ciudadana, la disposición a discutir controles, pruebas y revisiones independientes refleja una apuesta por la apertura como herramienta de legitimación.

El fortalecimiento de los testigos electorales completa la agenda. Estas figuras representan el control directo de los partidos en las mesas de votación. Mejorar su capacitación, cobertura y canales de reporte implica reconocer que la vigilancia política forma parte del equilibrio institucional del proceso. La coordinación entre autoridades y organizaciones partidarias en este punto es clave para evitar conflictos posteriores.

El trasfondo de la convocatoria es un entorno de polarización donde cualquier error técnico adquiere dimensión política. Frente a ese riesgo, la estrategia elegida prioriza la interlocución y la construcción de acuerdos verificables. La Comisión se convierte así en un espacio de conciliación preventiva, donde las diferencias se exponen y se intentan resolver antes de que escalen.

De la solidez de los compromisos que emerjan de esta cita dependerá la lectura pública del proceso electoral. Si el Gobierno y la Registraduría logran traducir el diálogo en medidas concretas y verificables, la señal será de corresponsabilidad institucional. Si las respuestas resultan insuficientes para algunos sectores, la presión política continuará y pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para sostener el consenso alcanzado en la mesa.