Lima, 16 de febrero de 2026 – El presidente interino de Perú, José Jerí, es objeto de una investigación preliminar del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias relacionado con la contratación de al menos cinco funcionarias en entidades públicas, mientras el Congreso se prepara para debatir mociones de censura que, de prosperar, culminarían con su salida del poder a menos de dos meses de las elecciones generales.

La Fiscalía evalúa si el mandatario recomendó o influyó en el ingreso de estas trabajadoras al aparato estatal luego de reuniones privadas sostenidas con él en Palacio de Gobierno. El foco inicial de la investigación está en los funcionarios que ordenaron los nombramientos, aunque el organismo advirtió que podría ampliar las responsabilidades si encuentra indicios penales que involucren directamente al jefe de Estado.

Las pesquisas surgieron tras revelaciones periodísticas que señalan que las contrataciones se produjeron poco después de encuentros personales con Jerí. El caso se analiza bajo la figura de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

El escándalo escaló rápidamente al plano político porque el mandatario asumió la Presidencia por sucesión constitucional el 10 de octubre de 2025, cuando era presidente del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte.

Especialistas consultados en el debate público sostienen que, de confirmarse las gestiones indebidas, el caso podría comprometer no solo responsabilidades administrativas sino también penales.

La defensa de Jerí

El domingo por la noche, Jerí se pronunció públicamente en el programa Sin Rodeos de Panamericana Televisión. Negó haber favorecido a personas específicas y defendió la legalidad de los nombramientos.

El mandatario afirmó que los trabajadores cuestionados —hombres y mujeres— ya habían colaborado con él durante su etapa parlamentaria. “Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento”, aseguró.

También cuestionó que la polémica se centre en funcionarias mujeres y sostuvo que existe un sesgo en la cobertura. “Es completamente falso e injusto para sus carreras”, indicó al defender el perfil profesional de las contratadas.

Durante la entrevista, además, reconoció que cuando fue congresista entre 2021 y 2025 pagó de su propio sueldo a una practicante sin contrato formal. Señaló que no consideraba ilegal ese arreglo, aunque la revelación generó críticas en sectores políticos y laborales por posible vulneración de normas de contratación pública.

Consecuencias políticas

El caso de las contrataciones se convirtió en el principal argumento de varias mociones de censura presentadas en el Congreso, que se debatirán en un pleno extraordinario convocado para el martes 17 de febrero. Se calcula que la aprobación requeriría 66 votos.

Aunque Jerí sostiene que debería aplicarse una vacancia presidencial —procedimiento más exigente y con derecho a defensa en el pleno—, el Parlamento tramita la medida como censura en su condición de presidente del Congreso que ejerce interinamente la Presidencia.

El mandatario anunció que no acudirá a defenderse durante la sesión y que respetará la decisión legislativa.

Si la censura prospera, perderá simultáneamente la presidencia del Congreso y la jefatura del Estado, provocando un nuevo relevo presidencial, apenas meses después de la destitución de Dina Boluarte, y a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene diligencias para determinar si existieron recomendaciones directas o gestiones indebidas desde el entorno presidencial hacia dependencias estatales. La Fiscalía no descarta ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias.

El proceso se produce en medio de una prolongada inestabilidad institucional: Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016, y la posible salida de Jerí abriría otro episodio de transición política en plena campaña electoral.