Bogotá, 16 de febrero de 2026 – La Contraloría General anunció un seguimiento especial a los recursos derivados del decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el Gobierno para atender la actual ola invernal. El objetivo es verificar que los fondos se destinen a la atención de damnificados, la recuperación de infraestructura y las acciones de mitigación del riesgo.
El control se centrará en la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), responsable de administrar los recursos, y en el manejo de los ingresos adicionales que se recauden mediante las medidas tributarias adoptadas por el Ejecutivo.
La declaratoria de emergencia abarca ocho departamentos, Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde se reportan inundaciones, daños en vías y afectaciones a viviendas. El Ministerio de Hacienda estima recaudar más de 8 billones de pesos durante 2026, principalmente a través de un impuesto temporal al patrimonio empresarial y otros mecanismos financieros.
La Contraloría pidió a la UNGRD un informe detallado del Plan de Acción Específico para enfrentar la crisis y anunció verificación en tiempo real de contratos, entrega de ayudas humanitarias e inversiones en rehabilitación. El seguimiento incluirá presencia en puestos de mando unificado, visitas de campo y revisión de movimientos presupuestales.
El ente de control recordó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone actualmente de cerca de 1,69 billones de pesos para 2026 y aproximadamente 1 billón adicional de vigencias anteriores, recursos que pueden ejecutarse de inmediato mientras se materializa el nuevo recaudo.
La medida responde a antecedentes de baja ejecución y cuestionamientos sobre el manejo de recursos en emergencias anteriores. Por ello, la vigilancia abarcará tanto los fondos existentes como los nuevos ingresos tributarios generados por el decreto.
De acuerdo con reportes oficiales, la temporada de lluvias ha provocado cientos de eventos asociados a inundaciones y deslizamientos, con miles de familias afectadas y daños significativos en infraestructura vial y viviendas en el Caribe y el noroccidente del país.
La Contraloría indicó que el seguimiento preventivo busca evitar desvíos de recursos y asegurar que la ayuda llegue oportunamente a la población, mientras el Gobierno avanza en la atención humanitaria y la reconstrucción en las zonas impactadas.
