Bogotá, 13 de febrero de 2026 – El presidente Gustavo Petro reaccionó a la suspensión provisional del aumento del salario mínimo y llamó a la ciudadanía a movilizarse. A través de su cuenta en X, el mandatario invitó al “pueblo trabajador” a pronunciarse frente a la decisión del Consejo de Estado que frenó el incremento del 23,7% fijado para 2026.

El jefe de Estado defendió la legalidad del Decreto 1469 de 2025 y sostuvo que el aumento responde al mandato constitucional del salario mínimo “vital y móvil”. “Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, escribió, al anunciar que el Gobierno expedirá el decreto transitorio ordenado por el alto tribunal.

La decisión judicial, adoptada el 12 de febrero por el despacho del magistrado Juan Camilo Morales, suspendió temporalmente el aumento mientras se estudia la legalidad de fondo del acto administrativo. El tribunal también ordenó al Ejecutivo fijar en ocho días un nuevo incremento provisional para evitar pagos sin base jurídica.

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En su mensaje, Petro instruyó al ministro de Trabajo convocar de inmediato una reunión de concertación con empresarios y sindicatos para construir el nuevo decreto, y pidió simultáneamente la coordinación de movimientos sociales. El mandatario señaló que la ciudadanía debe participar activamente en el debate. “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”, afirmó.

El presidente argumentó que reducir el poder adquisitivo del salario afectaría la economía. Según explicó, disminuir la demanda de alimentos básicos en las actuales circunstancias podría “detener la economía nacional” y aumentar el hambre y la desnutrición infantil. También sostuvo que estudios recientes muestran una incidencia marginal del incremento salarial en la inflación de alimentos.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario elevó el tono político del debate y planteó un escenario de confrontación social si no hay acuerdos. Señaló que el “gran capital” deberá decidir entre un pacto social o un “enfrentamiento social y político”, e insistió en la necesidad de construir un “pacto social de la vida y de la paz”.

Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno deberá expedir un aumento temporal. Sin embargo, el debate ya se trasladó al terreno político y social, con llamados a movilizaciones y a participación ciudadana frente a una de las decisiones económicas más sensibles del año.