El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo pidió resolver mediante el diálogo la disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores por el decreto que modifica el IVA a licores y cigarrillos, advirtiendo que la confrontación solo profundiza la crisis política y fiscal en las regiones.

Desde Tunja, donde inició su recorrido político por Boyacá, Cristo sostuvo encuentros con la militancia de su movimiento En Marcha y con ciudadanos de la capital del departamento y de Chiquinquirá. En declaraciones a Caracol Radio, aseguró que su propuesta política estará centrada en la búsqueda de consensos y en la superación de la polarización que, a su juicio, ha marcado al país en los últimos años.

El aspirante presidencial insistió en que Colombia necesita dejar atrás la confrontación permanente. “Este país está cansado de la polarización, de la pelea y de la confrontación. En la Presidencia no vamos a acabar con la izquierda ni a destruir la derecha, vamos a convocar a todos los colombianos para sacar adelante las reformas sociales que necesita el país”, afirmó.

Cristo destacó que su movimiento político ya cuenta con una estructura consolidada en Boyacá, con representación en concejos municipales y en la Asamblea Departamental, lo que, según dijo, le permitirá fortalecer su proyecto de cara a las próximas elecciones. También señaló que ha sostenido conversaciones con distintos sectores políticos, en especial con el Partido Liberal, aunque aclaró que su respaldo principal proviene de su propia base.

Sobre el enfrentamiento entre los gobernadores y el Gobierno por el aumento del IVA a cigarrillos y licores, el candidato reconoció que los mandatarios regionales tienen razones válidas para reclamar, debido al posible impacto en sus ingresos. Sin embargo, advirtió que el desacato no es la vía adecuada y reiteró la necesidad de un diálogo institucional.

Finalmente, Cristo planteó la urgencia de fortalecer las finanzas territoriales mediante mayor autonomía fiscal para departamentos y municipios, así como un incremento en los recursos del Sistema General de Participaciones, como parte de una reforma más amplia del modelo de descentralización en el país.