El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández y la representante a la Cámara Lina María Garrido, por presuntos delitos relacionados con el menoscabo a la integridad nacional y la instigación a la guerra.

La acción judicial se fundamenta en una serie de publicaciones realizadas por los congresistas en la red social X, en las que reaccionaron a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, celebraron la captura de Nicolás Maduro y expresaron su respaldo a una eventual acción militar extranjera en Colombia. Para el Gobierno, estos pronunciamientos no constituyen una simple opinión política, sino conductas que desbordan la función legislativa y los límites de la inviolabilidad parlamentaria.

Según explicó Idárraga, la denuncia se interpuso en ejercicio de sus funciones como ministro de Justicia y se suma a una iniciativa previa anunciada días antes por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien manifestó su intención de acudir a la justicia, aunque a título personal.

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En el documento radicado ante la Corte, el Ministerio de Justicia cita mensajes específicos de los congresistas. En el caso de Lina Garrido, se menciona un trino en el que dio la bienvenida al presidente Donald Trump a Colombia, poco después de que el mandatario estadounidense afirmara que no descartaba una acción militar contra el país. Respecto al senador Jota Pe Hernández, se incluyó una publicación dirigida al presidente Gustavo Petro con expresiones amenazantes. En cuanto a la senadora María Fernanda Cabal, se citó un mensaje en el que manifestó que celebraría el respaldo tecnológico y militar de Estados Unidos en varias regiones del país para combatir a los grupos armados.

Para el ministro Idárraga, estas expresiones podrían constituir una invitación a que Colombia sea objeto de hostilidades externas, lo que, a su juicio, supera el ámbito de la libertad de expresión y se acerca a la promoción de la guerra, un tipo de discurso que la Corte Constitucional ha considerado prohibido por su potencial impacto en los derechos humanos.

La denuncia sostiene que la conducta atribuida a los congresistas es especialmente grave debido a su condición de legisladores, quienes tienen el deber constitucional de proteger el orden jurídico, la soberanía y la autodeterminación nacional. Según el Ministerio, llamar o avalar una intervención militar extranjera no solo erosiona la institucionalidad, sino que implica un abandono de su rol como garantes de la seguridad y autonomía del país.

Tras el anuncio inicial de acciones judiciales por parte del Gobierno, la representante Lina Garrido respondió con una denuncia por injuria y calumnia contra el ministro Sanguino. En sus redes sociales, la congresista defendió sus declaraciones y aseguró que no constituyen traición a la patria, sino una postura a favor de la cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad.