El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el Centro Democrático interpondrá una acción de tutela contra el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la Corte Constitucional decidiera no iniciar de inmediato su estudio debido a la vacancia judicial.

Según lo determinó la Sala Plena del alto tribunal, el análisis del decreto comenzará una vez finalice la vacancia, es decir, a partir del próximo 13 de enero. Esta decisión generó una reacción inmediata desde la oposición, que considera que durante ese lapso el Ejecutivo podría expedir decretos con efectos económicos y tributarios de alto impacto.

En contexto: Gobierno Petro firma decreto de Emergencia Económica

Uribe informó que la tutela será presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, en representación del Centro Democrático. A través de su cuenta de X, el exmandatario señaló que se trata del “único recurso inmediato” para intentar frenar los efectos de la emergencia económica mientras la Corte asume el estudio de fondo.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy una tutela contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, afirmó Uribe.

Desde sectores de oposición se advierte que el decreto carece de sustento jurídico y podría traducirse en la imposición de nuevos impuestos o medidas económicas que afecten directamente el bolsillo de los ciudadanos desde el inicio del próximo año. Por ello, anticipan una ofensiva jurídica más amplia contra la declaratoria.

De hecho, varios dirigentes políticos y juristas han anunciado la presentación de demandas y acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Entre ellos se encuentran figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Carlos Fernando Motoa, quienes cuestionan la legalidad y necesidad de la medida.

Aunque la Corte argumentó que no existen antecedentes para suspender la vacancia judicial en este caso, la controversia política y jurídica alrededor del decreto de emergencia económica continúa creciendo, mientras se espera que el alto tribunal entre a estudiar el asunto en enero.