El presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), programado entre el 14 y el 17 de diciembre, y aseguró que esta acción no responde a una causa política sino a la protección de economías ilegales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que “no se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad” y sostuvo que el ELN no actúa contra intereses extranjeros, sino “a favor de los traquetos que hoy los controlan”.

El pronunciamiento se dio luego de que el grupo armado ilegal difundiera un comunicado en el que anunció un paro de 72 horas, presentado como una supuesta protesta frente a lo que denomina “amenazas de intervención imperialista”. En el texto, el ELN pidió a la población abstenerse de transitar por carreteras y ríos durante ese periodo y recomendó no “mezclarse” con integrantes de la Fuerza Pública para evitar incidentes.

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El anuncio fue rechazado también por el Ministerio de Defensa, que informó el despliegue de unidades del Ejército y la Policía en zonas urbanas y rurales, así como la activación de todas las capacidades operativas del Estado para proteger a la población y la infraestructura estratégica. La cartera confirmó que las fuerzas permanecen en máxima alerta ante posibles acciones violentas.

El ministro de Defensa reiteró además la vigencia de recompensas para facilitar la captura de cabecillas del ELN, incluyendo una oferta de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Pablito, uno de los máximos jefes de esa organización.

Las conversaciones entre el Gobierno y el ELN permanecen congeladas desde el año pasado, tras una serie de hechos violentos, entre ellos la masacre ocurrida en el Catatumbo que dejó más de un centenar de víctimas y provocó el mayor desplazamiento forzado registrado en dos décadas.

Desde el Gobierno se insistió en que no habrá concesiones frente a acciones que restrinjan la movilidad de la población civil y que cualquier posibilidad de retomar diálogos dependerá de señales claras de abandono de prácticas que afecten directamente a las comunidades.