El juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, confirmó la legalidad de las declaraciones rendidas por Daysuris Del Carmen Vásquez Castro ante la Fiscalía General, dentro del proceso que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia preparatoria, el togado concluyó que la Fiscalía actuó dentro de su facultad investigativa legítima al recibir la declaración de Vásquez, exesposa del procesado y testigo clave en el caso. Según el juez, el procedimiento cumplió con todas las garantías constitucionales y derechos fundamentales.

“La Fiscalía tiene facultad de desarrollar actividades investigativas cuando tenga conocimiento, por cualquier medio, de información útil para la indagación penal. Facultad que en este caso fue ejercida legítimamente”, afirmó Carbonó.

En consecuencia, el despacho determinó que las declaraciones de Vásquez podrán ser utilizadas como prueba dentro del juicio oral contra Nicolás Petro. “El fiscal y el investigador actuaron dentro de sus competencias al recibirle esa declaración a la señora Daysuris Del Carmen Vásquez Castro”, agregó el juez.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro no asistió presencialmente a la diligencia, la cual se desarrolló de manera virtual. Su abogado, Alejandro Carranza, explicó que su defendido no pudo viajar por su inclusión en la denominada Lista Clinton, además de enfrentar dificultades económicas y de seguridad que impiden su desplazamiento desde Bogotá.

La audiencia preparatoria continuará este 5 de noviembre, y la Fiscalía tiene previsto formular una nueva imputación el 10 de noviembre, esta vez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

De acuerdo con la investigación, esos hechos estarían relacionados con la presunta apropiación de recursos públicos destinados a programas para niños y adultos mayores en el Atlántico, por medio de contratos celebrados entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, por un valor superior a $3.000 millones.