La representante a la Cámara, Lina María Garrido, solicitó formalmente a la Corte Constitucional declarar inexequible la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, argumentando que las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno presentan vicios de procedimiento que no fueron subsanados.

Según Garrido, la plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025, donde se habrían realizado los anuncios previos a la votación, “no existió jurídicamente”, ya que el acta correspondiente (N.º 256) nunca fue aprobada. La legisladora subraya que, conforme a la Constitución, se requería un quórum de 94 votos para validar la sesión, pero solo se registraron 76.

“La ausencia de acta aprobada compromete el principio de consecutividad y la validez de los anuncios previos, requisitos esenciales para la formación de la ley”, afirmó Garrido, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que la inexistencia de actas no puede suplirse con registros audiovisuales o resúmenes parciales.

Sesión siguiente también cuestionada

La congresista advierte que la plenaria del 28 de junio, en la que se discutió y aprobó la reforma, estaría igualmente viciada, pues dependió de una sesión previa inválida. Garrido considera que este procedimiento genera un “vicio insubsanable de trámite”, lo que justificaría declarar la norma inexequible.

La representante solicitó a la Corte emitir fallo basado en la información disponible, enfatizando que “la validez de una ley no se mide únicamente por su contenido material, sino también por la observancia irrestricta de las formas previstas en la Constitución, en tanto garantizan el principio democrático y la separación de poderes”.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aprobó recientemente una prórroga solicitada por Julián López, presidente de la Cámara, para entregar documentos clave dentro del control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024. La Corte necesita especialmente las actas de las sesiones extraordinarias relacionadas con la subsanación del vicio de trámite.

La resolución del alto tribunal será determinante para el futuro de la reforma pensional, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno, cuya validez ahora depende del análisis de los documentos oficiales y del cumplimiento estricto de los procedimientos constitucionales.