El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga al concluir que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023. La decisión, tomada por la Sección Quinta, confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024.

Según el alto tribunal, las pruebas presentadas —fotos y videos— demuestran que Beltrán apoyó públicamente a varios candidatos al Concejo de Bucaramanga inscritos por el Partido de la U, pese a haber sido avalado por Colombia Justa Libres. Entre los nombres mencionados están Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Anderson Pradilla y Juan Pablo Piñeros.

Los magistrados señalaron que los actos de apoyo se realizaron en eventos de campaña, después de la inscripción de Beltrán y antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023. En criterio de la Sala, se cumplió la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, pues el entonces candidato pidió expresamente respaldo para aspirantes de otra colectividad.

La Sección Quinta recalcó que su postura sobre este tipo de irregularidades ha sido consistente y que no encontró mérito para modificarla, pese a que la defensa del mandatario alegó que esta práctica es frecuente en la política local.

Consecuencias inmediatas

Con la anulación de la credencial, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, deberá designar un alcalde encargado de la colectividad de Beltrán mientras se convocan elecciones atípicas. Será la primera vez que Bucaramanga deba elegir un nuevo mandatario por esta vía desde la instauración de la elección popular de alcaldes.

El proceso fue impulsado por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, junto a otros abogados que demandaron la elección. Con esta decisión, se agotan casi por completo los recursos judiciales de Beltrán, quien llevaba 20 meses en el cargo.

El caso no es aislado, los alcaldes de Girón y Piedecuesta enfrentan procesos similares por doble militancia, lo que abre la posibilidad de que tres de los cuatro municipios del área metropolitana deban acudir nuevamente a las urnas.

La anulación marca un precedente en Santander y deja a la ciudad a la espera de un nuevo proceso electoral que definirá su futuro político en los próximos meses.