El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de sometimiento que busca facilitar la desmovilización y reintegración de grupos armados ilegales, incluyendo al ELN, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y jóvenes de la Primera Línea.

La iniciativa, titulada Estatutos de la Paz Total para Someter a Grupos Armados, propone penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión para los máximos responsables de estructuras criminales. También contempla rebajas de hasta el 60% para otros miembros y beneficios adicionales para jóvenes judicializados durante el estallido social de 2021, quienes podrían obtener reducciones del 70% y participar en procesos de justicia restaurativa.

Montealegre insistió en que el proyecto no representa una vía hacia la impunidad: “Tiene un mínimo de retribución, penas efectivas y mecanismos que garantizan justicia, verdad y reparación para las víctimas”. Además, se permitiría que los grupos conserven hasta el 12% de los bienes adquiridos ilícitamente, siempre que colaboren plenamente con la justicia.

El proyecto ha generado rechazo desde sectores políticos. El saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuestionó la iniciativa asegurando que “confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de derecho”.

Con esta ley, el Gobierno busca consolidar su política de Paz Total, aunque el debate legislativo promete ser tenso debido a los cuestionamientos sobre la legitimidad de los beneficios ofrecidos a actores armados y judicializados.