Colombia vive un momento de agudo debate sobre racismo, reavivado por la polémica frase de Petro. ¿Qué está pasando?

Una frase del presidente Gustavo Petro ha encendido una controversia nacional en torno al racismo estructural que aún persiste en Colombia. Durante un Consejo de ministros transmitido el pasado 15 de julio por canales oficiales, el jefe de Estado afirmó:
“A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”, dirigiéndose a Carlos Rosero, ministro de Igualdad y Equidad, y haciendo referencia a los cuestionamientos en el interior del gobierno, por el nombramiento de figuras como Juan Carlos Florián, representante del sindicalismo del trabajo sexual, y Amaranta Hank, ex actriz de cine para adultos, en cargos del Ministerio de Igualdad.

Entre las reacciones más relevantes estuvieron las del excanciller, Luis Gilberto Murillo, quien cuestionó la «racialización del discurso«, y la congresista Katherine Miranda, quien dirigió un claro mensaje al progresismo: «¿Esto no les da vergüenza?».

La controversia causada por el comentario del presidente Petro, se suma a una seguidilla de hechos recientes que evidencian un preocupante incremento de expresiones racistas en la vida pública colombiana.

El pasado 13 de julio, durante la Feria Afrocolombiana organizada por la Alcaldía de Bogotá en la Plaza de Bolívar, varias personas asistentes denunciaron actos de racismo por parte de transeúntes que descalificaron el evento con frases despectivas hacia los asistentes afrodescendientes, según informó la Secretaría de Cultura. Aunque el evento tenía como propósito visibilizar la riqueza cultural y la lucha histórica de esta población, el contexto fue aprovechado por sectores opositores para deslegitimar los espacios de reivindicación étnico-racial.

Cinco días después, el 18 de julio, una periodista afrocolombiana del sistema RTVC fue víctima de insultos racistas dentro de un bus del sistema público en Bogotá. Los hechos fueron repudiados por la Alcaldía Mayor, que emitió un comunicado donde calificó el acto como “inadmisible”, y urgió a la ciudadanía a fortalecer la denuncia y a las instituciones a mejorar los canales de respuesta ante este tipo de agresiones.

Un caso más reciente ocurrió hoy durante una emisión del 19 de julio en Blu Radio, cuando la periodista María Clara Gracia se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez con palabras que fueron ampliamente interpretadas como condescendientes y racistas. Gracia comentó que «la vicepresidenta Francia Márquez, habla de cómo a los negros se les hace, se les deshace, de no sé qué… Y vive con una cara terrible de amargada”. Una expresión más que ejemplifica la persistencia de discursos que deslegitiman a líderes afrocolombianos en posiciones de poder.

Según datos oficiales, en Colombia hay más de 4,6 millones de personas afrodescendientes, lo que representa cerca del 9,3% de la población total. A pesar de su peso demográfico, esta población continúa enfrentando barreras estructurales de acceso, discriminación en el mercado laboral, estigmatización mediática y violencia institucional.

De hecho, un informe de la Fiscalía General de la Nación de 2022, reveló que se registraron 1.143 denuncias por actos de racismo en el país, una cifra en aumento que refleja tanto una mayor conciencia sobre el problema como una mayor exposición de las comunidades afro a formas de violencia simbólica y directa.

En 2024, el primer gran informe sobre violencia policial racista en Colombia, evidenció patrones sistemáticos de abuso hacia jóvenes afrodescendientes, especialmente en regiones como el Pacífico, el Caribe y los sectores periféricos de Bogotá y Medellín. Según el documento, elaborado por una coalición de organizaciones sociales, los cuerpos de seguridad del Estado presentan sesgos raciales al momento de efectuar detenciones, registros y uso de la fuerza.

Un análisis publicado por el diario El País de España, alertó que el racismo en Colombia no solo se mantiene, sino que está en ascenso, alimentado por discursos políticos ambiguos y por la falta de consecuencias jurídicas para los responsables de incurrir en discriminación racial.

Por su parte, el más reciente informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia (2024), reveló que la discriminación racial es una de las formas más persistentes de exclusión y violencia simbólica en el país, con impactos graves en la participación política, el acceso a la justicia y el bienestar de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Las declaraciones de Gustavo Petro evidencian cómo, incluso desde los más altos cargos del Estado, puede banalizarse o distorsionarse la lucha antirracista. Lo que parece una nueva expresión de racismo contra la población afrocolombiana, abre la puerta a que el poder político utilice el lenguaje racial como un escudo ante las críticas, o como una herramienta para deslegitimar la voz de los líderes afrodescendientes.