El senador Miguel Uribe Turbay presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General contra Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, por presuntamente haber incurrido en participación política durante un acto institucional en Soledad, Atlántico.

Según Uribe, Bolívar habría promovido el voto por el “Sí” en una consulta popular que aún no ha sido convocada oficialmente, además de instar al respaldo por el Pacto Histórico en las elecciones de 2026. El evento en cuestión, realizado el pasado jueves, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y fue organizado por el Departamento de Prosperidad Social, entidad dirigida por Bolívar.

“Desde un evento del Estado, promovió ilegalmente el sí en una consulta popular que ni siquiera ha sido convocada. Eso va en contra de la Constitución, de la Ley 1757 de 2015 y del Código Disciplinario”, afirmó Uribe en entrevista con RCN Radio.

La queja radicada se sustenta en tres pilares legales: el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos participar en política; la Ley 1757, que limita la promoción de consultas hasta su convocatoria oficial; y el artículo 60 del Código General Disciplinario, que sanciona el uso indebido del cargo para fines políticos.

Para el senador del Centro Democrático, esta actuación no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del Gobierno para anticipar la campaña electoral y usar la institucionalidad con fines proselitistas. “Con nuestros impuestos está haciendo politiquería, defendiendo intereses personales y el proyecto político de Gustavo Petro”, expresó.

Uribe también advirtió que de ser hallado responsable, Bolívar podría enfrentar sanciones que lo inhabiliten para ejercer cargos públicos. Además, instó a la Procuraduría a actuar con celeridad y rigor. “La ley debe aplicarse para todos los colombianos, sin excepciones. No podemos permitir que se distorsione el ejercicio del poder para obtener réditos políticos personales”.

En su declaración final, el congresista recalcó que más allá de una denuncia individual, su intención es abrir un debate nacional sobre los límites del poder político en el Estado. “Este gobierno no puede usar la institucionalidad como plataforma de campaña”, concluyó.