La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes en la financiación de su campaña presidencial en 2022. La medida se mantendrá vigente hasta que el alto tribunal emita un fallo definitivo sobre la tutela interpuesta por el mandatario, quien alega que su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no el CNE.

La decisión fue adoptada por una votación cerrada: cinco magistrados a favor y cuatro en contra. El ponente del caso es Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte. La tutela presentada por Petro se enfoca en la protección de su derecho al debido proceso, particularmente frente al fuero especial del que goza como jefe de Estado.

El texto de la resolución advierte que permitir que continúe la investigación mientras se define la competencia del CNE podría generar una afectación irreversible tanto para los derechos del presidente como para la institucionalidad del fuero presidencial.

Pese a la decisión de la Corte, el CNE informó que la investigación contra otros miembros de la campaña Petro Presidente seguirá su curso. Entre los señalados están el exgerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón, los auditores María Soto y Juan Carlos Lemus, así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

El proceso se centra en el presunto sobrepaso de los topes de financiación por más de 5.300 millones de pesos y en la posible recepción de donaciones de personas jurídicas, lo cual está expresamente prohibido por la ley electoral colombiana. El pasado 24 de abril, incluso, acudieron a rendir testimonio representantes de Fecode y la USO por supuestas donaciones irregulares.

Mientras se suspende la investigación específicamente contra Petro, los tiempos procesales quedan en pausa y solo se reanudarán cuando la Corte Constitucional emita una sentencia definitiva. Sin embargo, los demás señalados seguirán enfrentando el curso normal del proceso administrativo.