El Gobierno Nacional oficializó este jueves 24 de abril el levantamiento del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander, medida que estuvo vigente desde el pasado 24 de enero como respuesta a una crisis de orden público provocada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La decisión, firmada mediante el Decreto 0467 de 2025, pone fin a un periodo excepcional que afectó a más de 1,5 millones de habitantes, pero mantiene la vigencia de 11 decretos legislativos clave por 90 días adicionales.

Estos decretos, entre ellos el 106, 108, 134 y 180, abarcan desde alivios crediticios y medidas de protección de tierras hasta restricciones sobre insumos químicos y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Según el Gobierno, su continuidad es necesaria para consolidar los avances logrados y evitar un retroceso en la estabilización de la zona.

Aunque el presidente Gustavo Petro había señalado en marzo que las medidas estaban “rindiendo frutos” con el retorno de pobladores desplazados y un cese armado parcial del ELN, organizaciones sociales advierten que persisten los riesgos y que la situación en algunos sectores de Catatumbo sigue siendo delicada. En este sentido, la prórroga de los decretos busca sostener la atención institucional y evitar una reactivación de la violencia o el abandono estatal en la zona.

La conmoción interior había sido declarada el 24 de enero bajo el argumento de una “crisis humanitaria potencialmente dramática”, tras la muerte de más de 80 personas y el desplazamiento masivo de comunidades. La medida abarcó municipios como Tibú, El Tarra, Ocaña, Convención, entre otros, además de territorios indígenas.

El decreto 467 aclara que, si bien la situación ha mejorado, aún no existen las condiciones para desmontar por completo las herramientas excepcionales que permiten una respuesta ágil del Estado. Se trata de un enfoque intermedio entre la normalización institucional y la continuidad de las acciones necesarias para proteger a la población.